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El PP arropa a un alcalde que será juzgado por acoso y amenazas

Marcha atrás de los populares a las sanciones contra el regidor de Baltar, acusado de perseguir a una vecina para que no fuese en las listas del PSOE

El alcalde de Baltar, José Antonio Feijoo Alonsorn
El alcalde de Baltar, José Antonio Feijoo Alonso

Baltar no es Nápoles, pero en este municipio ourensano se escriben historias con aroma a la Camorra. Su alcalde se enfrenta a un juicio por cuatro delitos de amenazas, otros cuatro de coacciones y uno más de malversación de fondos públicos. Con el apoyo del PP, el regidor, José Antonio Feijóo, se resiste a dimitir pese a que será juzgado próximamente en Xinzo de Limia presuntamente, amenazar, acosar y perseguir a cuatro miembros de la candidatura socialista durante la campaña electoral de las municipales de 2011.

 A pesar de la gravedad de las acusaciones, la cúpula del PP no fuerza la dimisión del regidor, que además es diputado provincial y miembro de la ejecutiva popular en la provincia. El líder del PP ourensano, Manuel Baltar, garantizó la aplicación “contundente” de los Estatutos del partiudo si se formalizaba juicio contra su hombre. La normativa del PP contempla expedientes sancionadores e incluso la expulsión de los cargos procesados. Sin embargo, Baltar hijo recula y mira hacia otro lado.

El cierre de filas de cara a la galería es total. El partido incluso prestó ayer su sede al acusado para “soltar todo lo que tenía dentro”, en un monólogo en el que no admitió preguntas de los periodistas. Casi entre lágrimas, defendió su “absoluta inocencia” ante una "una maniobra política interesada" con fines espurios. Incluso posó para los reporteros gráficos con un retrato del exmilitante, José Luis Baltar. El gran cacique abandonó el partido sin acusación formal en la investigación judicial que dirime los enchufes masivos. En cambio, su hombre de confianza se mantiene impertérrito en todos sus cargos públicos y en la ejecutiva provincial. Algunas fuentes lo achacan a un “chantaje interno” contra la dirección.

La historia parece sacada de un guion de cine. La Audiencia de Ourense, que ha desestimado el archivo de las diligencias, aprecia “indicios suficientes de delito” en la “actitud intimidatoria” de José Antonio Feijóo. Supuestamente, la farmacéutica del pueblo recibió llamadas del acusado para “pedirle un favor como amiga”: debería convencer a su empleada de que cesase en su intención de presentarse a las elecciones con el PSOE. La auxiliar de la botica optó por hacer caso omiso. Cuando el regidor se enteró, atribuyó a la farmacéutica “no haber presionado suficientemente”, por lo que amenazó con entorpecer su negocio, denunciándola por incumplimiento de horarios o prohibiendo comprar allí a los vecinos. Incluso insistió en que ejecutase el despido de la auxiliar. “Atente a las consecuencias”, le espetó, según la farmacéutica.

También se le acusa de malversar dinero público por utilizar un vehículo municipal en la persecución de los integrantes de la lista socialista. La candidata del PSOE denunció ante la Guardia Civil que el alcalde la “vigilaba día y noche” persiguiéndola, incluso por caminos, con un Mercedes plateado.

“Dios mío, ¿pero qué crimen cometí?”, se lamentaba ayer con el logotipo del PP de fondo. En su monólogo ante los medios, explicó: “No es humano el goteo de noticias acusándome de lo que no soy”. Feijóo asegura que “los delitos no son de la magnitud expresada”. “Me siento muy mal. Se me está haciendo un daño irreparable”, aseveró una y otra vez. Y anunció que no tiene intención de abandonar. “Dudé durante 10 minutos pero enseguida recapacité. Voy a seguir en todos mis cargos porque soy un demócrata convencido”, sentenció. El regidor y diputado admitió en su interrogatorio durante la fase de instrucción que "habló y llamó" a la farmacéutica “cordialmente”, pero negó cualquier acoso. La juez ha impuesto una fianza de 120.000 euros por “los daños y perjuicios morales causados” a los presuntamente acosados. Sin embargo, el regidor aseguró que esa fianza “solo” suma 12.000 euros. La fiscalía solicita una multa posterior al juicio de 10.800 euros. La acusación particular pide hasta 24 años de prisión, resultado de la suma de delitos.

 

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