“Nos dejan en la calle como perros”

"Yo me jubilaría aquí, pero no me dejan", se lamenta Carlos con media sonrisa en la cara. Él es uno de los 55 residentes del centro de mayores de Cepres en El Escorial. El 15 de marzo se procederá al desahucio de esta residencia por la cantidad de impagos que acumula la empresa propietaria. Tiene muchos frentes abiertos: debe dinero a proveedores, empleados, el dueño del edificio e incluso a la Seguridad Social, a la que adeuda 12.136 euros, según datos del Registro Mercantil. Esta compañía tiene 14 causas judiciales abiertas por este mismo motivo desde 2010 por las que se le reclama un total de 242.715 euros.

En esa misma situación se encuentra otro centro que poseía esta empresa en Zarzalejo, en la que vivían 40 ancianos. Ambas fueron adquiridas a finales del año pasado por otra compañía, según ha confirmado una fuente cercana al proceso. Algunos recibos de enero llegaron a los familiares provenientes de Sevenia Gestores y la plantilla cobró una de sus últimas nóminas de esta empresa. En el Boletín Oficial del Registro Mercantil consta que la actividad de esta compañía está relacionada con los bienes inmuebles. Este diario ha intentado ponerse en contacto en repetidas ocasiones con los representantes de ambas compañías, pero ninguno de ellos ha querido hablar.

Una historia extrañamente parecida se repite en otra residencia, en Ocaña (Toledo). El personal asegura que Sevenia adquirió en enero este centro cuando estaba en una situación similar. "Nos deben tres meses y medio de sueldo y creemos que va a cerrar en breve", asegura una empleada que no quiere dar su nombre. El personal de ese centro llegó a encerrarse durante 24 horas para protestar.

"Mi madre llevaba más de nueve años aquí y ahora nos dejan tirados en la calle como perros sin explicaciones", se queja muy enfadada María Angeles, una de las familiares. "Le costó mucho adaptarse. Está muy delicada y ahora cambiarla de sitio puede ser para ella la puntilla", añade. Ella asegura que estuvo pidiendo durante más de dos meses una reunión con los antiguos propietarios. Un encuentro que nunca llegó. "Yo hablé con la directora y me dijo que no sabía nada. A mí hay cosas que no me cuadran", cuenta Luis Miguel Pastor, otro familiar.

Los 29 empleados de El Escorial cuentan la misma historia. Nadie les ha comunicado nada, no sabrían el futuro de la empresa si no fuera por la carta que llegó en enero a los parientes de los residentes: "El próximo día 15 de marzo tendrá lugar el lanzamiento del edificio en el cuál reside", les comunicaba el administrador judicial impuesto por el juez a la empresa. Lo que se traduce en el cese de la actividad que se lleva a cabo en el inmueble y el desalojo.

"No sabemos si nos van a echar ni si vamos a tener paro", reconoce una empleada que tampoco quiere decir su nombre por miedo a represalias. "Queremos que el juez investigue qué ha pasado con ese dinero si los residentes han pagado puntualmente". Los familiares consultados por este periódico explican que cada mes pagaban entre 1.600 y 1.800 euros, en función del grado de dependencia.

Este desahucio se ha aplazado en dos ocasiones. La primera se iba a llevar a cabo en septiembre y la segunda en noviembre. Fue uno de los acreedores el que decidió demorar el desalojo por las negociaciones con los anteriores propietarios de la empresa, detallan fuentes del proceso.

"Quédense en buenas manos", reza el cartel de bienvenida al centro de El Escorial. Lo que no saben los residentes y los trabajadores es en qué manos están y qué es lo que va a pasar con ellos.