Un acuerdo entre Aurelia Rey y su casero paraliza su desahucio

Aurelia Rey, costurera jubilada de 85 años, tiene dos meses para dejar el piso de alquiler de renta antigua en el que vive, en el centro de A Coruña, desde hace más de tres décadas. Un acuerdo con sus caseros, alcanzado de madrugada, permitió suspender su desalojo forzoso, que estaba previsto de nuevo para ayer por la mañana. Ordenado por sentencia firme tras retrasarse en dos ocasiones en 14 años —la primera en 1999, la segunda en 2011— en el pago de la mensualidad (126 euros), la presión ciudadana, capitaneada por Stop Desahucios, impidió la marcha forzada de su vivienda.

Entre lágrimas, aplausos y gritos de “sí se puede” recibieron ayer los activistas, acampados en el portal del edificio desde hace una semana, el anuncio de esa “solución amistosa para poner fin a un conflicto vecinal de forma pactada”, resumió el abogado Antonio Vázquez. Asumió de forma desinteresada la defensa de la octogenaria, tras los altercados la semana pasada, con la participación de diputados y concejales de la oposición, que impidieron a los funcionarios judiciales ejecutar la orden de desalojo. Bomberos de A Coruña también se negaron a reventar la cadena que cerraba el portal del edificio. Un juzgado de A Coruña abrió diligencias por estos incidentes.

Paralizar “una sentencia en firme y en trámite de ejecución”, insistió ayer el letrado de Aurelia, constituye “un hito muy importante frente a una ley manifiestamente injusta”. Se refiere a la norma que permite desahucios inmediatos cuando un inquilino no abona o se retrasa en el pago del alquiler.

Poco se sabe “por razones de confidencialidad” del acuerdo por escrito alcanzado con los dueños de la vivienda. La anciana, sin hijos y con su familiares más próximos residentes en Buenos Aires, vive sola, con una pensión menor de 400 euros al mes. Su abogado se negó a confirmar si el acuerdo incluye alguna contraprestación económica por parte de los arrendatarios del piso con alquiler de renta antigua. Tan sólo precisó que se pactó el traslado de Aurelia a otra vivienda. “La ayudarán” en la busca, una cuestión en la que la Administración “tiene mucho que decir”, subrayó Vázquez.

Miembros de Stop Desahucio, acompañados de concejales del BNG y de Izquierda Unida, se tomaron al pie la letra esa afirmación. Tras celebrar la paralización del desalojo, tomaron durante varias horas las oficinas de Servicios Sociales del Ayuntamiento de A Coruña. Una quincena de personas, entre ellos cuatro ediles, estuvieron hasta las 16.45 horas encerrados, reclamando una entrevista con algún cargo local para lograr el compromiso de “una vivienda digna para Aurelia”, o en todo caso un alquiler o ayuda social. Pero fracasaron. Tras horas de negociación con la policía local, que cerró el acceso a esa sede municipal, se marcharon. El edil de Servicios Sociales se negó a recibirlos “bajo presión”.

En pleno conflicto, la semana pasada, Aurelia rechazó los dos pisos de alquiler social que le ofreció la Xunta por estar en barrios a la entrada de A Coruña, muy alejados de su entorno social. La octogenaria también se negó a ingresar en una residencia.