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El Parlament pide que comparezca Llanos De Luna por su polémica gestión

La propuesta de Iniciativa recibe el apoyo de todos los grupos salvo PP y Ciutadans

La CUP ofrece a Interior 100 euros para pagar el velcro de las placas identificativas de los Mossos

María Llanos de Luna, delegada del Gobierno.
María Llanos de Luna, delegada del Gobierno.

El Parlament aprobó ayer en la Comisión de Interior la comparecencia de María de los Llanos de Luna, delegada del Gobierno en Cataluña, para dar cuenta sobre el ejercicio de sus competencias y su gestión, muy criticada por los ecosocialistas al estimar que fiscaliza a las Administraciones catalanas. La propuesta obtuvo el apoyo de CiU, ERC, PSC y la CUP y se opusieron el PP y Ciutadans. El artículo 59.1 del Estatuto obliga a los representantes de cualquier Administración a atender la llamada del Parlament, pero su inasistencia no comporta sanción. Joan Rangel, el último delegado del Gobierno socialista, acudió a la Cámara en 2006 para informar sobre la ocupación de las pistas del aeropuerto de El Prat, pero en 2007 rechazó ir para detallar el estado de las infraestructuras. No se descarta tampoco esta vez que De Luna se niegue.

La propuesta de Iniciativa pretende demostrar si De Luna cumplirá el Estatuto de la misma forma que obliga con que hace cumplir la ley a las otras Administraciones. “Persigue y mira con lupa los acuerdos municipales. No se había visto eso nunca en un delegado”, explicó el diputado ecosocialista Jaume Bosch para recordar que De Luna denunció ante la justicia el decreto del Ayuntamiento de Girona para fletar dos trenes para que los ciudadanos acudieran a la marcha de la última Diada. La sentencia anuló el decreto, pero consideró que la delegada había actuado con partidismo. Las dos partes debieron pagar las costas.

Bosch basó la comparecencia en cuatro razones: la actitud de De Luna con los ayuntamientos y la guerra de banderas al exigirles que no retiren la insignia española; las condiciones del Centro de Internamiento de Extranjeros de La Verneda por la indefensión de los inmigrantes —el diputado ecosocialista Salvador Mila lo definió ayer como “el Guantánamo de Barcelona”—; el hecho de que en Castelldefels, gobernado por el PP, patrullen juntas la Guardia Urbana y la Policía cuando son los Mossos, que tienen competencias, los que acompañan a la Policía Local en el resto de municipios. Y, por último, para que informe sobre si ha aumentado la presencia de agentes del CNI y que explique por qué Interior ha apartado a los Mossos de la investigación sobre el espionaje político.

La CUP y las placas de los mossos

No vale el argumento de que no hay recursos: con 100 euros, basta. David Fernández, diputado de la CUP, ofreció ayer de forma simbólica esa cantidad al consejero de Interior, Ramon Espadaler, para pagar el velcro necesario para que los agentes antidisturbios de los Mossos puedan lucir su número de identificación (TIP) en un lugar visible de su uniforme. En el primer cara a cara parlamentario con Espadaler, Fernández lamentó la “impunidad” con que actúan esos agentes amparados en que no llevan visible su número: “Es insulto permanente a los ciudadanos”.

La CUP ha calculado que el coste de enganchar una placa a un uniforme cuesta unos 20 céntimos y Fernández ofreció entonces a Espadaler los 100 euros para que no se escudara en razones económicas y afirmó que los miembros de la CUP están dispuestos a coser los velcros. El diputado tranquilizó al consejeros al decir que lo tiene “muy fácil” para mejorar la gestión de su antecesor, Felip Puig, de quien dijo que creó un “monstruo” que lo acabó devorando por sus versiones contradictorias sobre la pérdida de un ojo de Esther Quintana. Fernández lamentó que ningún grupo parlamentario haya logrado erradicar las pelotas de goma.