Escuela pública laica

Aplicar a escuela los adjetivos pública y laica tal vez sea una redundancia de la que, desgraciadamente, todavía no podemos prescindir. Veámoslo.

Estamos acostumbrados a ver público acompañando a muchos sustantivos diferentes: poder, dinero, opinión, salud, empresas, administración, servicios, gestión, instituciones, sanidad... En todos estos usos, público significa que no es de titularidad privada sino que es de todos o para todos. En los estados democráticos modernos la gestión de lo público constituye una de las tareas fundamentales de los gobiernos y las distintas posiciones ideológicas generan tratamientos muy dispares. En España hemos estado asistiendo durante las últimas décadas a un progresivo debilitamiento de lo público.

El capitalismo y los sucesivos gobiernos a su servicio han mostrado un insaciable afán privatizador que suelen justificar con la afirmación de que la propiedad y gestión privada de los servicios garantizan un menor coste y una mayor eficiencia. Aunque los datos de que disponemos desmienten rotundamente dicha afirmación -recordemos el caso del Reino Unido-, el Gobierno ha hecho de ella una machacona consigna publicitaria que sólo el sector más incauto de la ciudadanía toma como verdadera. Lo bien cierto es que los gobiernos -central y autonómico- que son quienes habrían de gestionar y salvaguardar los servicios públicos, parecen empeñados en deshacerlos; solo ven en ellos una fuente de negocio.

En todo el Estado español muchas personas, organizaciones y distintas plataformas han comprendido la trascendencia de las medidas gubernamentales y llevan mucho tiempo movilizadas para salvaguardar la escuela pública. Pero aunque la titularidad, la gestión y la calidad de los servicios públicos sea una reivindicación irrenunciable, hay otro matiz en el concepto público que con frecuencia se olvida y cuya relevancia se hace más patente al aplicar el concepto a la escuela.

Se trata de la aspiración democrática de construir un espacio común a todos los ciudadanos, independientemente de las diferencias que puedan darse entre ellos. Uno de los rasgos definitorios de la sociedad democrática es el compaginar el derecho individual a construir la propia conciencia y diseñarse el plan de vida que cada uno considere conveniente, con la aspiración de crear un marco de convivencia en el que todos compartan los mismos valores cívicos.

En otras palabras, la organización democrática de la sociedad tiene la enorme ventaja de hacer compatibles el derecho a las diferencias individuales (libertad de conciencia con todas sus variantes: pensamiento, información, creencias, etc) con la obligación de compartir un espacio común que sólo puede regirse por el principio de igualdad. Por consiguiente, una organización social que no garantice el respeto a la pluralidad y diversidad en un marco de igualdad, no será del todo democrática.

Pues bien, en lo que solemos llamar escuela pública hay un déficit democrático que hace que no sea pública: no es laica. El hecho más relevante que hace que sea así es la asignatura de religión. Su sola presencia en el curriculum escolar dinamita cualquier pretensión de ser pública y ello por muchas razones de las que destacaremos solo algunas: Una es porque establece una discriminación en el alumnado en función de su ideología o la de su familia. La escuela pública es un espacio común regido por los valores cívicos compartidos por todos. Las creencias religiosas, por el contrario, son una opción personal, privada, incompatible con lo comúnmente compartido. Una segunda razón es porque sus contenidos son ética e intelectualmente insostenibles: algunos son contrarios a los derechos humanos (autonomía personal, igualdad entre varones y mujeres, libertad personal...) y, por tanto, éticamente injustificables y otros son contrarios a lo que la razón y la ciencia sostienen.

Es decir, esta materia aborda contenidos irreconciliables con las funciones educativa -valores comunes, universales- y formativa -contenidos racionales, científicos- de la escuela pública; se trata de un descarado adoctrinamiento pagado con dinero de todos. Pero es que, además, el conjunto de sus contenidos tienen un defecto de origen al ser establecidos por la jerarquía de una confesión y no por el poder legítimo. También hay otras razones de índole menor como la complicación que genera en la organización escolar, el dinero sustraído de los recursos públicos para pagar un adoctrinamiento particular, las horas lectivas que podrían emplearse en otras cosas, la selección sectaria de un profesorado -más bien catequistas- sin concurrencia pública aunque se les paga con fondos públicos, etc.

En definitiva, la escuela pública es un espacio de integración de personas muy diferentes entre si y que provienen de familias con diferentes ideologías, creencias, posiciones políticas etc. Si no es laica, si la organización y desarrollo de la función educativa no se hace al margen de la religión, se está segregando por creencias y se desvirtúa la función de la escuela.

En realidad, en los últimos setenta años no ha habido en España escuela pública propiamente dicha. Es cierto que tras la muerte de Franco se vivió muy intensamente la aspiración de conseguir una escuela pública auténtica: universal e igual para todos, rigurosa y científica en sus métodos y contenidos y absolutamente neutral en cuestión de creencias e ideologías. Aquella ilusión se ha visto truncada por el absurdo y abusivo concordato con el Vaticano y la política que han seguido los sucesivos gobiernos a favor de la enseñanza privada cuyo principal instrumento ha sido la concertación.

Pese a las constantes reformas educativas de las últimas décadas, no se ha dado ni un solo paso hacia la laicidad de la escuela y, para rematarlo, la LOMCE del señor Wert todavía agrava más la situación ya que su principal característica -por encima, incluso, de no pretender resolver ningún problema del sistema educativo- es que establece la discriminación y segregación del alumnado como categoría del sistema: aumenta la discriminación por las creencias al mejorar el estatus de la religión, introduce discriminación social con las reválidas, con el tratamiento de los programas de mejora del aprendizaje, con el procedimiento de clasificación de centros, con el sistema de admisión del alumnado o al autorizar centros segregados de chicos y chicas. Osea, nos estamos alejando de la escuela pública sin haber llegado nunca a alcanzarla.

Pero aunque democrática, pública y laica son sinónimas en el sentido que hemos señalado -construcción y disfrute de un espacio común compartido, integrador, igualitario-, con frecuencia se reivindica la escuela pública atendiendo sólo a su titularidad y se olvida el matiz que explicita el concepto laica. No es posible una escuela democrática y pública si no es laica, si no recoge la moderna y a la vez vieja aspiración ilustrada de separar estrictamente los ámbitos público y privado: los contenidos científicos, los valores cívicos, los derechos humanos pertenecen a lo público y las opciones religiosas o ideológicas pertenecen a lo privado. Pero tampoco puede ser una escuela de calidad mientras lo privado, el credo individual de algunos, contamine el espacio común, lo público, e introduzca discriminación. No habrá, desde luego, calidad pedagógica y científica, pero tampoco, y no es menos importante, calidad democrática.

Todo lo dicho plantea una exigencia inaplazable para quienes defienden una enseñanza pública de calidad: si quieren ser coherentes con su aspiración habrán de incluir siempre, siempre el concepto de laica y, por supuesto, reivindicar con constancia y total contundencia que la religión salga de la escuela.

Rafael Cuesta es miembro de Europa-Valencia Laica