La fiscalía censura a Gordillo por intimidar a varios trabajadores

La Fiscalía Superior otorga al diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo una finalidad “preordenada, intimidatoria y con carácter coactivo” al cometer un supuesto delito en el asalto a un supermercado de Mercadona en Estepa (Sevilla) en la huelga general del pasado 29 de marzo. Por esta razón el ministerio público ha presentado un recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), para que Sánchez Gordillo sea imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores y dos faltas de coacciones. El magistrado del TSJA Miguel Pasquau había considerado que el parlamentario solo intentó que los trabajadores secundasen la huelga “sin más arma que la palabra, el ruido o la presencia física”.

Pero la Fiscalía Superior discrepa: “Estaríamos ante una hipótesis delictiva específica, de signo colectivo, que protege un bien jurídico de marcado acento social”, reza el recurso. El fiscal considera que se previno al encargado del supermercado de que “volverían a comprar sin dinero” y detalla sus amenazas: “La próxima vez venimos con escaleras si hace falta, y entramos dentro y echamos a todo el que esté dentro. Por las buenas o por las malas. Se lo he dicho así de claro”.

El fiscal discrepa del instructor al entender que “el arma de la palabra” es perfectamente viable para la comisión de “graves conductas delictivas”. El recurso compara las amenazas con tipologías graves como las injurias, calumnias y toda clase de delitos o formas extremadamente graves de maltrato psíquico. Las “amenazas verosímiles” conducen al derecho penal, según el fiscal. El ministerio público considera “imprescindible” la declaración de Sánchez Gordillo como imputado, así como saber si Mercadona pagó o no a sus empleados ese día y los daños producidos en el establecimiento.