El PP propone transparencia pero rehúye hablar del Valencia Summit

Los populares apostaron ayer en un encuentro en Valencia de diputados y senadores por cumplir con lo que los ciudadanos les piden: “ejemplaridad, transparencia e intolerancia contra la corrupción y, sin embargo, evitaron dar explicaciones en torno al caso Nóostras la declaración de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin. Torres declaró el sábado al juez Castro que la organización del foro Valencia Summit la negociaron en La Zarzuela con el expresidente Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá. Camps y la Casa Real desmintieron la versión de Torres.

El secretario general del partido, Serafín Castellano, no aludió al caso en la intervención ante sus colegas de partido. Y el vicesecretario de Programas del PP, Esteban González Pons, se refirió al mismo sin mencionarlo ni aludir a su vertiente valenciana cuando aseguró que las instituciones funcionan y que en este país “si te has equivocado y lo has hecho mal, lo pagas, por muy importante que sea la familia a la que pertenezcas, aunque sea la más importante”, dijo en alusión a Iñaki Urdangarin y al caso Nóos.

González Pons no quiso responder a las preguntas de los medios de comunicación sobre la declaración de Torres, concretamente la que atribuye a Camps y Barberá la decisión de que el instituto de Urdangarin se ocupase, sin mediar concurso público, de los Summit y de la preparación de unos Juegos Europeos. “El PP confía en que la fiscalía nos diga dónde están las mentiras. Porque todo lo que se está diciendo es mentira”, comentó de los supuestos casos de corrupción que salpican al PP.

González Pons está pendiente de que el juez instructor del caso Nóos decida citarlo de nuevo de testigo porque él presidía la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana cuando se firmó un convenio con Nóos por seis millones de euros para la preparación de unos Juegos Europeos en Valencia. La sociedad pagó al instituto de Urdangarin 382.000 euros por un evento deportivo que nunca prosperó.

La Generalitat, a través de la sociedad CACSA, y el Ayuntamiento de Valencia, por medio de la fundación Turismo Valencia Convention Bureau, desembolsaron al menos 3,5 millones de euros por la organización de los Summit y la preparación de los Juegos Europeos. A estas cantidades habría que sumar otros gastos en alojamiento y desplazamientos de algunos de los invitados a los Summit.

Los partidos de la oposición anunciaron ayer que volverán a registrar una batería de iniciativas para esclarecer qué pasó con el Instituto de Urdangarin. El portavoz adjunto de EUPV en las Cortes, Ignacio Blanco, recordó ayer que el PP ha impedido con su mayoría en la cámara autonómica que prosperaran una veintena de iniciativas de control que EUPV había registrado sobre el caso Nóos. “Queríamos saber qué altos cargos de la Generalitat fueron cómplices, incluyendo al ex presidente Francisco Camps, en los negocios de Urdangarin”, dijo Blanco. Unas iniciativas que, según Blanco, el PP vetó, incluida la creación de una comisión de investigación.

Para Blanco, “ahora que la participación del expresidente Camps ha quedado más que en evidencia vamos a reiterar todas las iniciativas y esperamos que el PP no las vete de nuevo porque estamos ante el mayor escándalo político de nuestra historia reciente, que amenaza incluso el futuro de la monarquía”.

Joan Ribó, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, agregó que las declaraciones de Torres “son de una extrema gravedad para la ciudad, al poner a su alcaldesa directamente en la gestión de todo el caso Nóos”.

Según Ribó, “tal y como suponíamos era un cuento chino aquello de que todo es responsabilidad de Turismo Valencia, una fundación donde el ayuntamiento sólo tiene el 35% de los votos”. La reunión sugiere que “no era Turismo Valencia o la Ciudad de las Ciencias sino el presidente de la Generalitat y la alcaldesa quienes negociaban y presuntamente acordaban con el señor Undargarin los negocios que ahora se juzgan”.