Los ERE de la izquierda

2012 arrancó marcado por la fuerte movilización, con huelga general incluida, contra la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Y terminó en casi todas las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda con importantes recortes de sus plantillas llevados a cabo con similares condiciones a las impuestas por el PP en la nueva ley que tanto combatieron de puertas para afuera. Sindicatos y partidos de la oposición pusieron el grito en el cielo por la reducción de las indemnizaciones por despido improcedente a 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades. Pero los ERE que aplican —forzados por los drásticos descensos de las aportaciones públicas y en menor medida por la pérdida de afiliados y de representación institucional— no son mucho más generosos.

Los últimos datan de unos días, como el que cerró el viernes el BNG para recortar su plantilla a la mitad con indemnizaciones de 25 días por año trabajado con un tope de 12 meses. Solo dos días más por anualidad de los que planteó UGT en Galicia para extinguir en enero el contrato a 31 de 111 trabajadores fijos.

Al día siguiente de denunciar como inadmisible las condiciones pretendidas por Novagalicia Banco para adelgazar su plantilla, este sindicato propuso un ERE que apenas mejora el límite de la reforma laboral del PP. Aunque para evitar acciones judiciales, UGT ofreció mejorar la indemnización (32 días por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades) a quienes voluntariamente se apunten a una bolsa de trabajo. En caso de que surja un empleo en el sindicato en cualquier parte de Galicia, se cubrirá con extrabajadores. Una propuesta que rechazaron los despedidos con más antigüedad puesto que da preferencia a quienes menos tiempo llevaban en nómina en UGT. Los empleados que siguen en plantilla vieron reducidas sus jornadas laborales en un 30% con la consiguiente merma salarial.

Fue Comisiones Obreras en Galicia el primero en llevar a cabo, el pasado verano, un ERE tras los drásticos recortes (un 60%) de los fondos públicos para impartir cursos de formación. Y aplicó sin tapujos la reforma laboral del PP para enviar al paro a 24 empleados de su fundación Forem, dedicada a esas acciones formativas.

CC OO se defendió de las fuertes críticas alegando que el Estatuto de Trabajadores ya recoge la posibilidad de limitar las indemnizaciones de despido a 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades “cuando concurre una causa justificada”.

La CIG también se propuso aplicar ese límite impuesto por el PP al abrir el pasado verano un expediente para adelgazar la plantilla de su fundación Forga. No obstante, finalmente llegó a un acuerdo para despedir 10 trabajadores con una indemnización de 40 días por año trabajado, suspender de empleo a cuatro y reducir la jornada laboral a otros 37.

Despedir personal, alegan todas estas organizaciones políticas y sindicales, es una “dramática decisión” por una situación “ecónomica insostenible” que achacan, como afirma la dirección del BNG, “a los recortes del PP en los fondos públicos y todo lo relacionado con la democracia”, insistió hace unos días la diputada Carmen Adán. Todos, como CC OO, insisten en que sus números rojos son causa suficiente para justificar la extinción de contratos laborales con el mínimo legal.