La verdad siempre llega tarde

Por mucha prisa que se den siempre llegan tarde. Los políticos, digo. Sobre todo en los últimos tiempos. Si durante la transición los representantes públicos fueron capaces de estar delante o al lado de los ciudadanos, encauzando sus anhelos, generando esperanza y dando respuesta a muchas de sus inquietudes, en los últimos años les cuesta mucho abrir los ojos y los oídos para ver y escuchar las reclamaciones de una sociedad que va muy por delante de ellos. La semana que termina ha sido especialmente reveladora de lo dicho. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas ha tenido que hacer mucho ruido para que el PP escuchara en lo alto de su pedestal el grito de más de 1.400.000 ciudadanos y aceptara tramitar la Iniciativa Legislativa Popular sobre los desahucios. En la Comunidad Valenciana no han sido pocos los socialistas que, en privado, han manifestado su malestar no tanto por el hecho de tener que mostrar sus declaraciones de renta como porque los del PP no hicieran otro tanto. Sus recelos resultan infantiles. A los populares no les va quedar otra que revelarlas después de que lo hayan hecho Mariano Rajoy y Alberto Fabra. Y a los del PSOE, tampoco, una vez que Alfredo Pérez Rubalcaba y Ximo Puig han enseñado sus ingresos del año 2011.

Lamentablemente, los esfuerzos de ambos partidos en este ejercicio de transparencia no les van a servir de mucho. Hace tiempo que los ciudadanos han descontado que iniciativas como estas son de obligado cumplimiento por parte de las élites políticas. No ven ya en ellas nada de extraordinario. Más aún, hay un elevado grado de escepticismo. El presidente del Gobierno dio a conocer sus declaraciones de renta para desviar la atención del caso Bárcenas y obligó al líder de la oposición a seguir su camino; del mismo modo que ambos forzarán a sus seguidores a acompañarles. Una decisión semejante, en otro momento, hubiera sido ejemplarizante, ahora aparece como lo que es: forzada por las circunstancias. Pero mejor así que de ninguna de las maneras.

Ximo Puig hace una semana que presentó el Portal de la Transparencia del PSPV. Pese a sus lagunas informativas, que las hay y están tratando de corregir, el esfuerzo ha sido notable. Puig viene defendiendo que no hay mejor antídoto contra la corrupción que la transparencia (un empeño en el que no está solo, los diputados de Compromís y de Esquerra Unida también recorren esa senda), una obviedad democrática que acostumbran a incumplir quienes nos gobiernan. Los políticos afectados por los escándalos prefieren los tribunales con su garantía de presunción de inocencia, antes que asumir sus responsabilidades políticas. Todos los gobernantes conocen muy bien hasta qué punto el oscurantismo informativo les da fuerza y les ahorra problemas. Con transparencia se les verían los trucos y las mentiras, se sabría dónde están sus debilidades y se conocerían hasta sus servidumbres. A medida que entra la luz en los escándalos, huyen de ella los afectados.

Incluso los que, como la alcaldesa longeva de Valencia, no tienen cuentas pendientes con la Justicia. Rita Barberá ha ocultado sistemáticamente la verdad para evitar verse implicada en el caso Nóos. Una trama urdida por Iñaki Urdangarin para saquear las administraciones públicas, entre ellas la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia. Ayer el socio de este, Diego Torres, declaró que la alcaldesa y el expresidente Camps mantuvieron una reunión en el palacio de la Zarzuela para negociar el Valencia Summit. No hay que descartar que el rencor esté detrás de esta declaración; pero lo que da credibilidad a su relato es la oscurantista actitud de Barberá, siempre refractaria a decir la verdad de un suceso que ha supuesto un grave quebranto para las arcas municipales. Semejante proceder en cualquier país con cultura democrática supondría la inmediata dimisión de su cargo.

Por cierto, hablando de declaraciones de la renta. ¿Es verdad que la alcaldesa, en su primer mandato municipal, tuvo que hacer una paralela porque se le había olvidado declarar los sobresueldos que percibió del grupo parlamentario en las Cortes Valencianas? Barberá no es más que otro caso en los incontables que afectan al PP valenciano. Un ejemplo más de cómo la falta de transparencia favorece a los implicados en los escándalos: si el Consell hubiera dado a conocer su informe sobre las irregularidades en la gestión de Rafael Blasco en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía es muy probable que este hubiera tenido que dimitir sin ser procesado. Imputado como está, se acoge a su presunción de inocencia y pueden pasar años antes de que se conozca la sentencia definitiva. Que Blasco siga siendo diputado del PP es un misterio que solo él y quien le sostiene en el escaño podrían explicar. Para cuando lo hagan, si lo hacen, ya habrán llegado tarde. Tal vez entonces, uno esté en su casa y el otro en la oposición. Como Barberá.