La letra pequeña de la incineradora

La foto lo dice casi todo. Como cuando los clubes de fútbol presentan un fichaje o la renovación de una de sus estrellas, la Diputación de Gipuzkoa remitió el día 3 de febrero de 2011 a todos los medios de comunicación una fotografía tras la firma de los créditos bancarios para financiar las obras del complejo de residuos de Zubieta, donde está proyectada una incineradora. En la imagen, se observa al entonces diputado general, Markel Olano, y al titular foral de Medio Ambiente, Carlos Ormazabal, ambos del PNV, uniendo sus manos a las de Luca Lazzaroli, jefe de División de Infraestructuras del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para España. Caras de satisfacción.

Se había sellado un acuerdo por el que el BEI concedía un préstamo de 195 millones. Con La Caixa y Banesto se firmó otro por 69 millones (más otro de cinco millones para cubrir el IVA). Se hizo para afrontar las inversiones del centro de Zubieta: estaciones de transferencia, ampliación de vertederos, una planta de biometanización, otras de compostaje, una incineradora y la planta de escorias. La factura total de este macroproyecto se cifró en 477 millones (IVA no incluido), según consta en el contrato de financiación suscrito con las entidades bancarias, que se iban a costear contra los citados créditos, más una aportación de 125 millones de la Diputación y los ingresos obtenidos del cobro de la tasa de la basura durante estos años. La deuda se iba a saldar a lo largo de 20 años.

Pocos días después de cerrar el acuerdo de financiación, Ormazabal declaró en una entrevista: “La incineradora y el resto de instalaciones del plan de residuos no tienen marcha atrás”. En mayo de ese año, Bildu logró el poder en la Diputación y en la mayoría de los Ayuntamientos de Gipuzkoa, y dejó clara su postura en contra de seguir adelante con las obras de Zubieta. En julio, el ya exdiputado Ormazabal, en esas fechas aún presidente en funciones del Consorcio de Residuos (GHK), escribió una carta que remitió al diputado general, Martin Garitano. Además de quejarse amargamente por la voluntad de la coalición abertzale de “paralizar” la incineradora, Ormazabal le recordaba que los contratos con el BEI, La Caixa y Banesto fueron “sin lugar a dudas la mejor operación financiera, como mínimo, de todo el Estado español en 2010”. El acuerdo con los bancos fue “brillantísimo”, decía en la misiva.

Al cumplirse dos años de aquel “brillantísimo” acuerdo con los bancos, el actual presidente de GHK, Juan Carlos Alduntzin, de Bildu, ha denunciado que en aquella operación hubo “varias trampas”, asegura a este diario. En el mismo momento de la firma, GHK debe abonar 5,7 millones por una “comisión de apertura” ligada a los créditos. Además, se suscribe un “contrato de cobertura de tipo de interés” con La Caixa y Banesto por el montante total de los préstamos, conocido en el argot bancario como swap, muy dañino económicamente para la parte contratante. Este seguro se sanciona en dos partes, la última de las cuales se remata a solo cinco días de las elecciones forales y locales de mayo de 2011, ganadas por Bildu.

Tener paradas las obras cuesta 300.000 euros mensuales en intereses

El swap  consiste en garantizar el pago de una cuota mensual fija (en este caso alrededor de un 4%) para evitar que las fluctuaciones del Euribor afectasen a los intereses de los préstamos. El porcentaje no se aplica sobre el capital dispuesto (gastado) por GHK en las obras, sino sobre el que debía haber dispuestos en virtud de un calendario de inversiones ya prefijado. El freno que ha puesto Bildu a los trabajos de Zubieta ha hecho que sólo se hayan dispuesto 9,7 millones, pero el swap obliga a pagar los intereses correspondientes a una inversión valorada en 98 millones. Así, se están abonando todos los meses 300.000 euros y se calcula que a lo largo de toda la vida del crédito la cantidad llegará a los 50 millones.

Alduntzin considera que se trata de “un gol” que los bancos metieron a los anteriores responsables de GHK, aunque otras fuentes consideran que la fórmula elegida —“un producto especulativo”— responde a “una estrategia pactada por ambas partes para que la incineradora de Zubieta no tuviese marcha atrás”.

Lazzaroli, Olano y Ormazabal posan para la foto y, acto seguido, se fueron a un restaurante de lujo a celebrarlo. Se sirvió una comida para siete personas que costó 1.169 euros (167 euros por persona) a base de “angulas y codium”, “huevo con temblor de tierra” y “menhir de ostras”. Ese mismo día, por la noche, una cena para 23 personas que costó 1.664 euros, ambas facturas pagadas con dinero público de GHK y de la que nunca se dio cuenta a la ciudadanía. Cuando esta semana se ha sabido esto. Olano ha justificado el dispendio con la expresión “ondo egina” (bien hecho).