El fiscal recurrirá el archivo del caso contra Sánchez Gordillo por un piquete

La Fiscalía Superior considera que el diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo cometió un delito contra los derechos de los trabajadores cuando lideraba un piquete que acudió a un supermercado de Estepa (Sevilla) la pasada primavera durante la huelga general del 29 de marzo. Por eso tras dictar el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) Miguel Pasquau el archivo del caso, ayer el fiscal reaccionó para presentar un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal andaluz y lograr que la causa prospere. Este asalto a un supermercado de Estepa es anterior al que se produjo en verano en Écija y que contó con una gran repercusión mediática nacional e internacional.

El fiscal superior considera motivo de delito contra los derechos de los trabajadores el asalto al supermercado del piquete de Sánchez Gordillo, y de faltas de coacciones o amenazas los hechos producidos en una oficina de la Diputación de Sevilla y en la finca Agrosevilla también en Estepa. La pena por este delito es de seis meses a tres años de prisión, y el artículo 315.3 especifica: “A los que, actuando en grupo o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”.

La Fiscalía Superior discrepa del juez instructor “por diversas razones tanto sustantivas (no aplicación de preceptos del Código Penal) como procesales (forma de llevar a cabo la investigación)”. Esta discrepancia en fondo y forma respecto a la instrucción radica en detalles como que el juez declaró nulo un vídeo grabado por la Guardia Civil y no consideró necesario que Sánchez Gordillo declarara como imputado en el procedimiento. El TSJA instruye la causa debido a la condición de aforado del diputado de IU.

Durante la jornada de huelga, el alcalde de Marinaleda y otros sindicalistas se dirigieron a diferentes locales abiertos en Estepa para ejercer de piquetes informativos. El alto tribunal estimó que los hechos forman parte del derecho a la huelga y son propios de la “presión ambiental de un piquete”, detalló Pasquau en su auto. El juez define que el diputado solo intentó que los trabajadores secundasen la huelga “sin más arma que la palabra, el ruido o la presencia física”. Al no apreciar delito por parte de Sánchez Gordillo, el magistrado pretende devolver la causa al juzgado de Estepa donde en principio se denunciaron los hechos. La denuncia interpuesta tras la huelga general describía las presiones del piquete en un instituto de El Rubio (Sevilla) en el supermercado, la Diputación de Sevilla, una oficina de empleo, la finca Agrosevilla y una tienda de ropa.

Pero el fiscal tiene otra visión más crítica de la actuación de Sánchez Gordillo y sus acompañantes, a los que acusa de lograr el cierre de comercios gracias a las amenazas vertidas contra sus responsables. Fuentes del alto tribunal andaluz consideran que si la causa prosperara, esta sería una ocasión ideal para que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre un delito vinculado al derecho a la huelga (y al trabajo en una jornada de huelga) en el que aún existen claros y sombras.

El coordinador general de IU y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, valoró la decisión de archivar el caso como “justa”. “La decisión es ajustada a los tiempos que estamos viviendo”, explicó Valderas.

Mientras, el diputado de IU y vicepresidente del Parlamento Ignacio García tildó el archivo del TSJA de “razonable”. “Al menos alguien apuesta por respetar la Constitución y su contenido en lo que se refiere al derecho de huelga”, informó Europa Press. El diputado indicó que nadie debe asustarse porque se lancen consignas, “siempre que no haya coacción física”. Y la senda del TSJA “evita ese tiquismiquis” sobre las presiones en jornadas de huelga. “Nadie alude a la violencia del patrón cuando dice a un trabajador que si hace huelga no vuelva a trabajar, porque eso también es violencia, aunque no se juzga nunca”, dijo.