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El Parlamento llevará a los tribunales al público que cause desórdenes

El PP se queda solo en sus planes para frenar las protestas en el hemiciclo

Una protesta en la tribuna de invitados del Parlamento gallego en pasado mes de enero
Una protesta en la tribuna de invitados del Parlamento gallego en pasado mes de enero EFE

La presidenta de la Cámara gallega, Pilar Rojo, ha consumado lo que la oposición temía. La Mesa do Parlamento aprobó ayer solo con los votos del PP una propuesta de normas para blindar el hemiciclo de la expresión de descontento de los ciudadanos y castigar a aquellos que protagonicen protestas desde la tribuna. La regulación, que Rojo se resistió a desvelar hasta ayer, prevé que los asistentes a un pleno que sean expulsados “por desorden” en la tribuna no puedan volver a formar parte del público en el resto de la legislatura. Además, “en el caso de alteracion del orden, los servicios de seguridad remitirán testimonio de los hechos a la Mesa para su traslado a la autoridad judicial”.

Los invitados a las sesiones parlamentarias no podrán exhibir ni pancartas ni mensajes reivindicativos. Y en caso de que un partido invite de forma reiterada a personas que conculquen estas normas, se quedará sin posibilidad de volver a llevar público durante, como mínimo, el tiempo equivalente a un periodo de sesiones. Las personas que vayan a ocupar la tribuna deberán firmar un compromiso de buen comportamiento o, en caso contrario, seguirán las intervenciones de los diputados confinados en una sala del grupo parlamentario que los invitó. Los partidos tienen de plazo hasta el mediodía de hoy para formular alegaciones al texto, que se aplicará ya en el pleno de la próxima semana.

Las normas que Rojo implantará de inmediato traspasan todas las líneas rojas marcadas por la oposición y que los partidos reiteraron unas horas antes de que la presidenta hiciera pública su propuesta. Solo el PP apoya estos criterios. “El pleno del Parlamento no es el momento de expresar la disconformidad con una determinada política”, afirmó ayer el portavoz popular, Pedro Puy.

Una comisión buscará cómo prevenir la corrupción

Dos intervenciones parlamentarias del fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela, y varios escándalos han sido necesarios para que los partidos accedan a implantar un plan para prevenir la corrupción en las distintas Administraciones. Los grupos parlamentarios aprobaron ayer la creación de una comisión que diseñe medidas para localizar en cada departamento riesgos de comisión de delitos, al estilo de las implantadas en Portugal.

Con el ruido de fondo del caso Bárcenas y la Operación Pokémon, los diputados están a la espera también de que el Parlamento les proporcione los medios para colgar en la web de la institución su declaración de bienes y actividades. El PP rechazó la petición del BNG de que se publique íntegramente la declaración de la renta de los parlamentarios apelando a la protección de su intimidad. Lo que harán pues es rellenar un formulario similar al de los diputados del Congreso.

PSdeG, AGE y BNG descartan que los altercados en los últimos plenos provocados por las protestas de los afectados por las preferentes o de trabajadores desesperados por la falta de contratos en el naval obliguen a restringir las visitas ciudadanas y ven detrás de la alarma y preocupación de la popular por el orden en la institución una “cortina de humo”. La oposición recuerda incidentes peores que los ocurridos en el último mes. Francisco Jorquera, portavoz del BNG, rememoró cómo en 2005, estando el PP en la oposición, alcaldes de este partido irrumpieron en la Cámara en protesta por una decisión del bipartito y llegaron a proferir “amenazas” a diputados. Xosé Manuel Beiras, de AGE, con una dilatada vida parlamentaria a sus espaldas, apuntó a la agresión que sufrió en 1991 la entonces diputada socialista Rosa Miguélez en la cafetería del Parlamento de manos de Karina Falagan, una conocida militante del PP gallego, admiradora de Manuel Fraga y empresaria de la noche viguesa.

“No nos parecen positivas normas muy rígidas”, afirmó el portavoz del PSdeG, Abel Losada. “No estamos dispuestos a convertir el Parlamento en un Estado policial”. AGE niega que los carteles o los gritos esporádicos desde la tribuna “interrumpan el trabajo del Parlamento o coarten la libertad de los diputados” y pide que, en vez de “criminalizar” a los ciudadanos, se transformen las instituciones para adaptarlas a la conflictividad social. El BNG considera “inevitable” que la “indignación social” llegue a la tribuna del Parlamento, una circunstancia que “no se resuelve poniendo más normas”. “Eso es echar gasolina al fuego”, advirtió Jorquera.