Un fondo municipal antidesahucios

El Ayuntamiento de Baena, en Córdoba, ha hecho cuentas. Calcula que, de seguir la actual depresión económica, su municipio de 20.000 habitantes puede sufrir unos cuatro a cinco desalojos hipotecarios al año. Lo que supondría decenas de familias sin hogar en solo un lustro. El pleno aprobó la semana pasada dotar con 100.000 euros del presupuesto municipal un programa de intermediación entre bancos y familias que, llegado el caso, contempla la compra por parte del Consistorio de la vivienda hipotecada.

"Esta iniciativa surge a raíz de una moción gestada por UGT de Baena y asociaciones culturales y de carácter solidario, que propusieron al Ayuntamiento la toma de este tipo de medidas para hacer frente al drama", señala por teléfono María Jesús Serrano (PSOE), alcaldesa de Baena. Esa primera moción municipal se llevó al pleno el 20 de diciembre y contó con los votos de PSOE e IU y la abstención del PP.

Se buscaba lograr que el Ayuntamiento se convirtiese en una figura de intermediación entre el propietario y la entidad financiera con la que tuvieran contratada la hipoteca, con el fin de renegociar la deuda o tratar de aplicar los recientes decretos del Gobierno, relativos a las buenas prácticas de las entidades. "De esta forma, tenemos la posibilidad de negociar novaciones, periodos de carencia o cualquier tipo de medida, a través de la intermediación y el contacto con la entidad financiera. Además, tenemos la oficina que ha puesto la Consejería de Fomento a través del programa en defensa de la vivienda, un convenio al que el Ayuntamiento se ha acogido", dice la alcaldesa.

Pero si nada de esto logra los objetivos buscados y el lanzamiento se fija en el calendario, el Consistorio trataría de buscar fórmulas para evitar el desalojo de los inquilinos y que se quedasen sin un techo. Finalmente, la semana pasada, el PSOE, que gobierna en minoría en el Ayuntamiento, decidió que la mejor salida era optar a la compra de la vivienda, como último recurso. "Buscaríamos una quita con la entidad bancaria para adjudicar la vivienda al Ayuntamiento y permitir que los propios dueños originales sigan viviendo allí, pagando un alquiler social con opción a compra", señala la regidora.

El jueves pasado se celebró un pleno para votar el fondo de 100.000 euros para esta iniciativa. La cantidad se obtendría a través la modificación a unos presupuestos municipales que están prorrogados desde el año pasado, ya que el gobierno en minoría del PSOE no ha logrado acuerdos con IU o PP. El PSOE no encontró la complicidad de IU. "Desde la moción de diciembre no habíamos hablado de qué salidas se podían plantear. Esta iniciativa de comprar la vivienda es personal de la alcaldesa y se necesita más consenso. Hay otras soluciones. Podemos estudiar el stock de viviendas vacías", explica la portavoz de IU, Valle Meneses.

Por eso, la coalición de izquierdas propuso, junto al PP, postergar la modificación presupuestaría que aportaría los 100.000 euros. Los cuatro ediles de IU, junto a los siete del PP, se impondrían a los diez del PSOE y congelarían temporalmente la dotación. Pero la ausencia de un concejal del PP, sumado al voto de calidad de la alcaldesa, permitió aprobar la modificación presupuestaria.

"El valor medio catastral de una vivienda en Baena está entre 60.000 y 90.000 euros. Creemos que una fase final, en un remate hipotecario, no serían excesivas las cantidades económicas a la hora de llegar a comprar esas casas por parte del Ayuntamiento", dice la alcaldesa. Pero Valle Meneses no es tan optimista. "Hubo mucha gente que compró en el apogeo de los precios de la vivienda y esos valores, aunque se reduzcan a la mitad, pueden ser muy elevados". Además, para IU la medida puede ser un bálsamo para los bancos, a los que les quema ese stock de ladrillo. "Estaríamos haciéndoles un favor quedándonos con las casas", termina.