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La oferta por el aeropuerto de Castellón se reduce a 87,5 millones

La infraestructura, impulsada por Carlos Fabra, ha costado hasta ahora 138,5

El aeropuerto de Castellón, construido en el término municipal de Vilanova d’Alcolea.
El aeropuerto de Castellón, construido en el término municipal de Vilanova d’Alcolea.

Los datos de la oferta de compra sobre el aeropuerto de Castellón se van conociendo a cuentagotas. La Diputación provincial desveló este martes que de los 200 millones anunciados a bombo y platillo por el presidente de Aerocas, Carlos Fabra, tan solo 87,5 irán destinados a la compra de la infraestructura como tal. Hasta la fecha, el coste del polémico aeródromo asciende a 138,5 millones (111 millones la obra, 11,18 de revisión de precios, 4,1 millones por el coste de la novación del contrato en marzo de 2011 y otros casi doce millones en asistencias técnicas). Desde el Consell apenas se habían hecho aclaraciones al anuncio de Carlos Fabra. “Unos cien irán para la compra y los otros cien en inversiones”, dijeron.

Ha sido finalmente el presidente de la Diputación quien ha facilitado la cifra en una contestación por escrito remitida al diputado del Bloc, Enric Nomdedéu, quien remitió toda una batería de interpelaciones al respecto. El resto, hasta rozar los 200 millones, sería la inversión privada del grupo destinada a las obras necesarias para poder operar en base a sus previsiones. El misterioso grupo hispanolibio quiere utilizar la base de Vilanova d’Alcolea como un aeropuerto de mercancías, lo que lo alejaría de su principal objetivo, que no era otro que el de servir para la promoción del turismo.

Cronología de una terminal sin aviones

La obra. Se firma el contrato para la construcción del aeropuerto de Castellón por 127 millones de euros (se licitó por 113,8). El plazo de ejecución era de unos tres años. Llevamos diez años y el aeropuerto está acabado pero sin los permisos para operar y sin acuerdos con aerolíneas. En 2004 inician las obras (sin los correspondientes permisos como ha quedado acreditado por una reciente sentencia del Supremo). Aerocas firma ese año los primeros contratos de patrocinio para publicitar el aeropuerto y que se han prolongado hasta hace poco.

La previsión. El plan director del aeropuerto de 1998 fijó una previsión de 100.000 pasajeros para el primer año. En 2003 Mott MacDonald hizo otro estudio y los fijó en 600.000. Aerocas firmó entonces una cláusula por la que se comprometía a pagar a la concesionaria seis euros por cada pasajero de menos. En 2006, 2007 y 2010 se encargaron más estudios y ninguno fijó la cifra de MacDonald. Todos se quedaron muy por debajo: 255.000, 300.000 y 500.000. Finalmente, Conaer estableció en 2011 una previsión de 300.000 pasajeros para el primer año. Entonces Aerocas quitó la cláusula de los seis euros.

El coste. La Sindicatura de Cuentas ha fijado en 138,5 millones el coste de la obra, la revisión de precios y las asistencias técnicas. En esta cifra no entran los 18 millones por la paralización de Fomento que ha pagado la Generalitat a la exgestora, ni los 20 millones presupuestados en seguridad privada, equipos de la torre de control y la subestación eléctrica, que también asume el Gobierno valenciano.

De aceptarse esta oferta, la Generalitat acabaría asumiendo la mayor parte de un aeropuerto que nació con vocación privada al venderlo muy por debajo de su coste. Desde el Gobierno valenciano descartaron pronunciarse sobre esta oferta, alegando que son cuestiones de la negociación abierta.

Las respuestas de Moliner advierten, además, de que el grupo hispanolibio ha puesto como requisito que se resuelva la incógnita sobre la indemnización que deberá recibir la exgestora del aeropuerto, Concesiones Aeroportuarias (Conaer). La filial de Globalvía (participada por Lubasa, PGP y Albertis) reclama por la vía contenciosa el pago de 126 millones más IVA por la ruptura del contrato. De ese importe habría que descontar los 44 millones de euros del préstamo participativo que Aerocas concedió a la empresa y cuyo pago pasaría a asumirse por la Generalitat. Es decir, la indemnización final coincide con el “importe efectivo” que ha propuesto el grupo hispanolibio, con lo que la Generalitat casi pagaría lo mismo que recibiría.

Pero al coste de la obra hay que añadir más gastos de dinero público como los 18 millones pagados a Conaer por la paralización del Ministerio de Fomento. Además, en 2006 se firmó un nuevo acuerdo por el que la empresa pública del aeropuerto pasaba a asumir otros costes como el pago de la subestación eléctrica, los equipos de la torre de control y la seguridad privada del recinto. En total, cerca de 20 millones más.

Todos estos gastos han repercutido en una deuda millonaria que en estos momentos debe asumir Aerocas (participada en un 99,9% por la Generalitat y el resto por la Diputación. Según el último informe de la Sindicatura de Comptes, la empresa ha contraído una deuda de 99,65 millones. Los vencimientos se prolongan más allá de 2017 y superan los 118 millones por los intereses.

La Generalitat evita pronunciarse sobre la negociación abierta

Sobre la creación de unos 1.500 puestos de trabajo anunciados también por Carlos Fabra, Moliner asegura en su respuesta: “No me consta tal información”. El presidente de la Diputación y vicepresidente de Aerocas, avanza además que conoce que existen conversaciones con otros interesados pero que “no se han materializado en ofertas concretas”.

El presidente del Consell, Alberto Fabra, manifestó recientemente que el Consell está trabajando en la propuesta hispanolibia y que se ha paralizado el proceso de certificación del aeropuerto hasta que se decida sobre esta oferta de compra. La decisión debería tomarse antes de que acabe febrero, dijo.

Carlos Fabra anunció que se crearán 1.500 puestos de trabajo

El portavoz del Bloc en la Diputación, Enric Nomdedéu, criticó este martes durante el pleno de la Corporación el abandono de todo lo que tenga que ver con el aeropuerto por parte de la institución. En varias respuestas facilitadas por Moliner, éste se acoge al “mínimo porcentaje” que mantiene en Aerocas. “Le remito a ponerse en contacto con ella para que puedan proporcionarle la información solicitada”, responde.

Al final del pleno, Nomdedéu le recordó: “Es el representante de la Diputación en Aerocas y por eso pido que me conteste”. De hecho, el diputado nacionalista puso sobre la mesa qué pasará con los terrenos aeroportuarios. La Corporación los expropió por ocho millones para la ejecución de la obra y los cedió por unos cien años a la exgestora. Con el contrato roto y con esta propuesta de compra se desconoce qué pasará con estos terrenos.

El aeródromo del abuelo

Carlos Fabra presentó su aeropuerto en 1998 y lo definió como “el sueño de una provincia”. Había intentado, sin lograrlo, el apoyo económico del gobierno de José María Aznar, vecino de veraneo. Pero aun así, siguió adelante con el proyecto. Fabra se enfrentó a Fomento durante el gobierno de Zapatero por paralizar las obras ante la falta de permisos. Su enfado lo plasmó en un contencioso en el que reclamaba el pago de 18 millones y que ha perdido. También acusó de “indeseable parcialidad” a una juez de Castellón por otra paralización. El expresidente del PP de Castellón hizo realidad su sueño en 2011 al inaugurar las obras. “¿Os gusta el aeropuerto del abuelo?”, dijo entonces a sus nietos. Cuando se van a cumplir dos años de esto y 15 del comienzo del sueño, el aeropuerto sigue sin aviones y con un futuro incierto.

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