Imputados por prevaricación el alcalde de Santiago y su antecesor

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela, Ana López Suevos, ha imputado al alcalde de Santiago, Ángel Currás, y a su antecesor, Gerardo Conde Roa, ambos del Partido Popular, en la instrucción de una denuncia por supuestos delitos de prevaricación y acoso moral.En las diligencias previas abiertas a raíz de una denuncia de un funcionario de la Policía Local, la magistrada también ha imputado por estos mismos supuestos al concejal de Seguridad Ciudadana, Albino Vázquez, y a la asesora para la coordinación de los cuerpos de seguridad en Santiago, Mar Hinojosa, según recoge el auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press.

El policía local, según ha podido saber este periódico, alega que fue conminado por sus superiores políticos a retirar una denunca contra Ángel Espadas, jefe de gabinete de Conde Roa. En marzo de 2011, Espadas, entonces candidato a concejal en las listas del PP, fue sorprendido por la policía local durmiendo ebrio en su coche ante un semáforo, en las afueras de la ciudad. Fue arrestado y renunció a concurrir a las elecciones. Tras el triunfo del PP, en mayo de ese mismo año, Conde Roa le hizo jefe de gabinete, cargo que abandonó con la llegada de Currás a la alcaldía.

Ángel Currás suma su segunda imputación en una causa judicial, después de que, a principios de enero, fuese llamado a declarar en calidad de imputado en el marco de la 'Operación Pokémon'. Por su parte, sobre Conde Roa pesa una causa judicial abierta por un supuesto delito de fraude fiscal al no haber abonado el IVA que había cobrado por la venta de unas viviendas -291.000 euros-, lo que le obligó dimitir de la Alcaldía y dejar el bastón de mando en manos de Currás.

La decisión judicial añade más leña al fuego de la grave crisis que vive el gobierno municipal compostelano, en el que se han enfrentado encarnizadamente en las últimas semanas los concejales del PP partidarios y detractores del alcalde. La batalla, que estaba latente desde la marcha de Conde Roa, se desató de forma abierta una vez que Currás y una concejala del sector contrario a él fuesen procesados dentro de la Operacion Pokémon que investiga una supuesta trama corrupta en municipios gallegos. Desde entonces, ambos bandos se reprochan mutuamente las relaciones del Ayuntamiento con la empresa Vendex, adjudicataria de servicios municipales y sospechosa de repartir sobornos en varias ciudades gallegas.