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La Audiencia propone hasta tres jueces para desatascar el juzgado de los ERE

Los cinco meses de baja de la juez Alaya han motivado la parálisis del caso

“No puede ser que el caso de los ERE esté durmiendo el sueño de los justos (...) Hay trabajo para tres jueces”. El presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, censuró con esas palabras la parálisis que sufre el mayor caso de corrupción que se investiga en Andalucía. Para darle un vuelco a este estancamiento en la instrucción, la semana que viene Álvarez propondrá al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, varias soluciones para reactivar el caso.

 La parálisis viene motivada por la baja por enfermedad que la titular del Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla, Mercedes Alaya, ha prolongado desde principios de septiembre. Sus superiores en la Audiencia y el TSJA han optado por una prudencia optimista, y la solución estable para resolver su ausencia se ha postergado con la esperanza de que Alaya retornara cuanto antes. Pero durante el otoño la magistrada ha renovado los partes médicos, ya que no se ha recuperado de su enfermedad, neuralgia del trigémino. Y esta semana Alaya ha vuelto a presentar otra baja, esta vez por 20 días, por lo que estará casi seis meses alejada del juzgado. Al sustituto Iván Escalera le sucedió a principios de año la magistrada Ana Rosa Curra, y ninguno —con la esperanza de la vuelta de Alaya— ha profundizado en una compleja instrucción que acumula 23.000 folios de sumario y 200.000 más de anexos aportados por la Junta.

La saturación de asuntos que padece el juzgado es tal que una de las soluciones que estará sobre la mesa en la reunión del próximo miércoles entre Del Río y Álvarez será dotar al órgano judicial de tres jueces. El juzgado ahora mismo investiga el caso de los ERE, que acumula 60 imputados y esta semana registró su último detenido, un supuesto testaferro que ingresó en prisión preventiva. Asimismo, analiza la gestión del Betis por parte del anterior presidente Manuel Ruiz de Lopera, y el caso Mercasevilla, con dos ramas diferenciadas: una por delito fiscal en la que está imputada la excúpula de la empresa municipal, y otra por el concurso para la venta de suelos. Ambas causas acumulan casi 20 imputados.

Sin embargo, fuentes cercanas al juzgado restan relevancia a los retrasos, especialmente en el caso por delito urbanístico, donde solo queda una testifical por realizar.

Otra propuesta sería “duplicar” el juzgado y crear un órgano judicial bis, con Alaya y Curra, como titulares. Ambas se repartirían los casos para tener un control más ágil sobre las investigaciones en marcha y las decenas de recursos presentados por los abogados. Las soluciones surgieron ayer tras la reunión mantenida entre Álvarez y los fiscales delegados de la Fiscalía Anticorrupción y la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra.

El ministerio público exigió a Álvarez soluciones urgentes, dada la “enorme” preocupación que ha generado el retraso continuado provocado por las bajas de Alaya. Fuentes del caso resaltan cómo estos continuos retrasos suman argumentos para una dilación indebida que posteriormente dificulte la imposición de condenas a los imputados por cercenar su derecho a la defensa.

Una tercera solución que estará sobre la mesa es que el Juzgado de Instrucción 6 se lo repartan la actual juez al frente, Ana Rosa Curra y Alaya, en caso de que se reincorpore en 20 días. En caso de que no se diera de alta en este periodo, Álvarez propondrá en su lugar nombrar un juez sustituto o una comisión de servicio.

La solución propuesta para constituir un juzgado bis y atender el atasco implicaría más funcionarios que debería aportar la Junta, aunque dado el mantra de “total colaboración con la justicia” que mantiene el Ejecutivo, no es previsible que surjan fricciones en este punto, a pesar de los recortes impuestos, también en la Consejería de Justicia.

Mientras, la Fiscalía de Sevilla ha pedido al juzgado que levante la medida cautelar de intervención y administración judicial de las acciones del Betis, propiedad de Lopera.

En julio de 2010, la juez Alaya acordó dichas medidas cautelares y la intervención de las acciones de Farusa, pero ahora la fiscalía ha presentado un escrito pidiendo que se levanten las medidas, ya que considera que han “desaparecido las circunstancias y presupuestos que motivaron su adopción, así como el plazo previsto para su establecimiento”, informó Diario de Sevilla. El trabajo más proceloso en este caso es una segunda auditoría que realizan los peritos para aclarar las cuentas del Betis.