El derecho a la subvención para la vivienda no obliga al pago

En septiembre del año pasado, con una deuda de 250 millones de euros del cheque vivienda a sus espaldas, la consejera de Territorio, Isabel Bonig, aprobó un nuevo modelo de resolución que reconocía a los compradores de pisos protegidos con derecho a subvención pero sin subvención.

“La nueva resolución solo reconoce que cumples los requisitos pero no concreta la cantidad que recibirá la persona ni cuándo se pagará la ayuda”, denunció este jueves la diputada socialista María José Salvador. Según la parlamentaria, la nueva resolución es un sucedáneo del cheque vivienda “con la que se pretende engañar a los valencianos". "Es una actitud perversa y cruel”, criticó Salvador. La compra de una vivienda protegida es muy sensible, según la diputada, a la ayuda que ofrece la Administración.

Salvador lamenta que la consejería no haya mantenido las ayudas prometidas en mayo de 2009 por el entonces consejero José Ramón García Antón, quien anunció un plan hasta 2013 de 900 millones de euros, de los que la Generalitat pondría 400.

Vistos los presupuestos de los años posteriores, el Consell solo ha consignado durante la vigencia de este plan unos 161 millones de euros.

Salvador criticó abiertamente que la Generalitat haya hecho este cambio cuando, según se ha sabido posteriormente, debe 250 millones de euros a 50.000 familias valencianas. La comunidad autónoma adeuda estas cantidades desde marzo de 2009, tres años y seis meses antes de que la Generalitat diferencie el reconocimiento de que el comprador del piso cumple los requisitos para acceder a la ayudas, del pago de la misma.

“Nos parece un despropósito que se intente engañar a los ciudadanos de esta manera, y, sobre todo, que lo hagan con un nuevo modelo de resolución de cheque vivienda con el que intentan lavarse las manos, sin asumir obligaciones de pago, puesto que lo único que hace es reconocer el derecho”.

La diputada socialista se mostró convencida de que la Generalitat ha estado firmando resoluciones del cheque vivienda “sin consignación presupuestaria”. Según Salvador, estos 250 millones de euros de deuda pendiente con los compradores de pisos protegidos no está reconocida “por eso no se puede pagar con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Respecto a las ayudas que se adeudan a las 50.000 familias valencianas, Salvador recordó a los afectados que deben presentar un escrito ante la Consejería de Territorio para que el derecho de cobro no prescriba.

El director de Vivienda explica que es para adaptarse a la norma general

A preguntas del diario, el director general de la Vivienda, Vicente Dómine, explicó que el nuevo modelo de resolución se aprueba para acomodar la legislación valenciana al marco normativo general. Por un lado está el reconocimiento del derecho a acceder a una vivienda protegida y por otro, que reciba una subvención.

Dómine reconoció que es la primera vez desde el franquismo que se separan los dos conceptos. Y es que desde finales de 2011, aseguró Dómine, se sabe que no habrían más ayudas a la compra de este tipo de vivienda. De hecho, el Gobierno español prepara un nuevo plan de vivienda estatal donde la compra está excluida y solo se subvencionará la rehabilitación o el alquiler.

La nueva resolución aprobada por Territorio no supone una subvención directa, reconoció Dómine, pero al beneficiario le permite optar a descuentos en el pago de impuestos y otros conceptos parecidos.

La consejera de Territorio anunció a principios de semana que se reunirá a final de mes con la plataforma de afectados por el impago del cheque vivienda para explicarles cómo están las cosas. Fuentes de su consejería han reconocido que ahora no pueden abonarlas por falta de presupuesto pero lo harán conforme haya crédito.