El SAE negocia la vuelta de los despedidos

Los parados esperan hasta 23 días para ser atendidos en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y sufren retrasos en la tramitación de las prestaciones económicas. Son algunas de las consecuencias del despido del personal de los servicios de asesoría y promoción, según relatan los propios afectados. Representantes de los colectivos que han perdido sus puestos, que suman más de un millar de personas, se manifestaron este jueves ante la sede de Empleo, Consejería que anunció que negocia la “adecuación del presupuesto" para facilitar la reincorporación del personal.

Los afectados se reunieron con representantes de Empleo, a quienes recordaron la existencia de una proposición no de ley aprobada el 4 de diciembre por todos los grupos en la que se pide la restitución de los servicios.

Una representante de los afectados afirmó que se han suspendido las asistencias en horario de tarde, aumentado las colas y recurrido a la asistencia sin estudio previo de la demanda de empleo, por lo que se reducen, a su juicio, las opciones de encontrar trabajo.

Entre las medidas de presión, los asesores y promotores se han desplegado por algunas oficinas para explicarles a los usuarios el porqué de la pérdida de calidad en la asistencia. También les recomiendan que presenten reclamaciones y quejas oficiales.

Según los extrabajadores del SAE, desde el 2 de enero no se sellan tarjetas del paro en las oficinas porque a todos los demandantes de empleo se les pide que lo hagan por Internet, medio que también les proponen para buscar empleo, información y asesoramiento, sin importar si conocen cómo navegar en la Red.

Las oficinas de empleo han perdido a 826 asesores y promotores, a los que hay que sumar otros 700 del colectivo de empleados en colaboración con los ayuntamientos.

Los despedidos eran los responsables de la gestión del Plan Prepara, la Renta Activa de Inserción, la inscripción como demandantes de empleo, la gestión de ofertas y de la red europea Eures, así como la clasificación para que los parados optaran a talleres, escuelas taller o casas de oficios.

El desmantelamiento de los servicios es innegable y la Junta lo atribuye a la reducción de fondos por parte del Gobierno central, que ha rebajado en 398 millones la partida para políticas activas de empleo. Los trabajadores temen que tras esta medida se encuentre la intención de privatizar los servicios y entregarlos a agencias de colocación.