¿Quién es responsable en el Ayuntamiento de la tragedia?

El Ayuntamiento de la capital no tiene ninguna responsabilidad directa en la muerte de cinco jóvenes por la fiesta de la noche de Ánimas celebrada en el pabellón municipal Madrid Arena. Pero la comisión de investigación política exigida por el líder socialista, Jaime Lissavetzky, y las pesquisas judiciales han permitido conocer decisiones y omisiones de responsables municipales que pudieron haber influido de alguna forma en la tragedia.

>> Miguel Ángel Villanueva. El vicealcalde lleva meses arrepintiéndose de la primera rueda de prensa tras la tragedia, a mediodía del 1 de noviembre. Lissavetzky le reprochó que no cuestionara entonces los datos que le había proporcionado el organizador, dando a entender así que refrendaba su afirmación de que no se había producido un exceso de aforo; la investigación judicial apunta indicios de que pudo hasta doblarse, con 20.000 personas, la capacidad del pabellón. Villanueva explicó ante la comisión de investigación que él advirtió de que esa información era "provisional" y se basaba en datos comunicados por el organizador. “Di esos datos en un ejercicio de transparencia. Si el organizador ha mentido, que caiga sobre él todo el peso de la ley”, zanjó. El organizador, Miguel Ángel Flores, está imputado por el juez, y se encuentra en libertad tras depositar una fianza de 200.000 euros.

Pero el mayor daño a la credibilidad política del hasta hoy vicealcalde se lo han causado las afirmaciones sobre su relación con Miguel Ángel Flores. ¿Qué se sabe? Qué se conocían, según Villanueva, como consecuencia de que él fue delegado de Economía y Flores vocal de la Cámara de Comercio. Y que Villanueva casó a un hermano de Flores (en total, ha celebrado otras 16 bodas como concejal). Pero no hay prueba o indicio alguno de que el vicealcalde favoreciera en modo alguno al empresario. De hecho, Villanueva entregó a la oposición sus declaraciones de bienes y de la renta, sin que haya aflorado irregularidad alguna. “Dado que yo no le adjudicado nada a esta empresa, yo no soy responsable de lo que haya hecho; si ha hecho algo malo, que recaiga sobre él todo el peso de la ley. El grado de conocimiento que haya tenido con este empresario no ha implicado ningún trato de favor. Ni he estado nunca en casa de este señor, ni este señor ha estado nunca en la mía”.

A Villanueva le ha perjudicado además ser el máximo responsable político que ha asomado la cabeza en esta tragedia. Asumió la primera rueda de prensa, mientras la alcaldesa se iba al tanatorio a confortar a las familias. Y compareció ante la comisión de investigación, cuando la regidora se negó a hacerlo (tenía mayoría absoluta para imponer su veto). Ahora, Botella le ha cesado.

>> Antonio de Guindos. El delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad (pierde ahora esta última atribución) no es concejal electo, de forma que su cese conllevaría un castigo definitivo. De Guindos es responsable directo de Fátima Núñez, en la que la alcaldesa delegó las competencias de Seguridad (hasta entonces, correspondían a un coordinador, no a un concejal). Ambos, junto con el inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, y sus subordinados han centrado la mayoría de críticas sobre la actuación del Ayuntamiento antes y durante la tragedia. Tanto es así que los familiares de las víctimas han pedido la imputación de De Guindos, que la fiscalía consideró “prematura”. El líder socialista, Jaime Lissavetzky, ha exigido la dimisión de los tres.

El Ayuntamiento sabía desde el 26 de octubre que se iba a celebrar una fiesta de Halloween en el Madrid Arena, a la que asistirían al menos 7.000 personas. Pero no avisó a los servicios de emergencia (Samur) hasta apenas unas horas antes, por lo que estos tuvieron que improvisar “sin tiempo suficiente”, sobre la marcha, su despliegue, a medida que fueron recibiendo alertas sobre intoxicaciones etílicas y otras incidencias en esa área. Así lo reconoció durante la comisión de investigación el director de Emergencias del Ayuntamiento, Alfonso del Álamo. Entre las las 0.09 y las 2.48 de esa noche, el Samur tuvo que acudir a atender a 10 jóvenes, algunos de ellos menores de edad, por intoxicaciones etílicas o heridas; y al menos tres fueron hospitalizados. A las 2.28, viendo la profusión de avisos recibidos, se enviaron dos unidades a la zona, que fueron las que actuaron luego con rapidez.

A tenor de lo conocido tanto en la comisión de investigación política como en las pesquisas judiciales hasta la fecha, la actuación del Samur durante la tragedia fue impecable. Una unidad llega a las 4.04, apenas cinco minutos de recibir el primer aviso, y se encontró en el exterior a una de las heridas, a la que logró reanimar (aunque moriría días después). También fuera del edificio atendió y reanimó a otra de las heridas (que falleció horas después). Otra unidad accedió a la enfermería del recinto a las 4.15. Allí, según denunció el Samur, el médico encargado, Simón Viñals, no estaba atendiendo adecuadamente a las tres heridas, que fallecieron pese a los esfuerzos de los servicios municipales.

El juez solicitó al Ayuntamiento la relación de llamadas del Samur y la Policía Municipal antes y durante la tragedia. Parte de su contenido ha sido filtrado por el diario El Mundo, y aunque no vierte duda alguna sobre la actuación de los servicios de emergencia, sí deja en mal lugar a alguno de sus empleados por su trato rudo con aquellos que llamaron a alertar de la tragedia. Transmiten además el caos que se vivió aquella noche, en la que ni siquiera los teléfonos móviles funcionaban correctamente por la sobresaturación.

El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha señalado hoy que de esas grabaciones no se puede deducir responsabilidad penal alguna en la actuación del Samur, que parece a su juicio “absolutamente correcta”. En declaraciones a la agencia Efe, ha explicado: “En principio, las cinco chicas murieron por la avalancha y por el aplastamiento que sufrieron, pero no por la actuación posterior del Samur, que no presenta ninguna irregularidad”. Añade Moix que los problemas telefónicas no son imputables al Samur, ni siquiera al organizador, y tampoco tienen trascendencia penal. La Fiscalía actúa “en función de lo que consta en el procedimiento y no de lo que se publica en los periódicos”, ha zanjado.

Pero a parte de la descoordinación con el Samur, la actuación de la Policía Municipal también ha despertado serias dudas. Primero, porque sólo había 18 agentes durante la fiesta en el exterior, y no evitaron que miles de jóvenes realizaran botellón en la zona. “No era nuestra prioridad”, afirmaron los mandos policiales.