Los dueños de un edificio en ruinas en Alicante deberán pagar la demolición

La demolición del edificio con unos 160 vecinos desalojado en diciembre por ruina inminente en la zona alicantina de Nou Alcolecha se hará "en semanas" y costará alrededor de 300.000 euros, que deben pagar los dueños de las 64 viviendas, aunque subsidiariamente el Ayuntamiento podría adelantar el dinero.

Así lo ha asegurado hoy el gerente del Patronato Municipal de la Vivienda, Gaspar Mayor, al dar cuenta en rueda de prensa de la culminación del operativo que durante tres semanas ha dado un alojamiento alternativo a las familias afectadas en el polideportivo de Ciudad Jardín.

En estos momentos todos los afectados que ocupaban legalmente sus viviendas han sido realojados en casas del Patronato o del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), mientras que el resto de moradores ilegales ha recibido la ayuda económica prometida.

Mayor ha explicado que 17 de las 64 viviendas de este inmueble situado en el número 18 de la calle de José Luis Barceló son propiedad de entidades bancarias, entre ellas SabadellCAM y Bankia, las cuales además de otras podrían haber incurrido en dejación del deber de conservación del edificio.

Este será demolido en varias semanas con un coste de 300.000 euros, dinero que deberá ser aportado por los dueños aunque el Ayuntamiento lo podría adelantar pese a que "no es fácil hallar" una cuantía así en la actual coyuntura económica. Ha añadido que la legislación contempla que el Ayuntamiento pague el derribo y lo repercuta después en los propietarios, a los que se lo podría reclamar el dinero por la vía ejecutiva.

En todo caso, Mayor ha vaticinado que la demolición no se demorará porque es irrevocable debido a la mala situación estructural y para evitar "perpetuar un monumento al desastre" arquitectónico.

Además del número 18 de la calle de José Luis Barceló, el Consistorio analizará en las próximas fechas la situación de seguridad de otros cuatro edificios cercanos con una tipología parecida y que deberán ser derruidos a medio o largo plazo por incumplir la normativa arquitectónica del siglo XXI.

Por diversos motivos ahora se hallan en mejor situación y no hay riesgo de ruina inminente, y concretamente dos han sido "razonablemente bien conservados" y carecen de excesiva conflictividad social, según el gerente.

La "impresión" de Mayor sobre los otros dos es que son "un desastre de cuidado y mantenimiento" aunque no hay elementos que hagan vislumbrar un estado de ruina inminente.

El Consistorio estudia la situación de cada uno de estos inmuebles no susceptibles de rehabilitación, así como el censo de los inquilinos con el fin de conocer de antemano quienes podrían beneficiarse de las ayudas públicas en caso necesario.

Esto es así porque la premura en el desalojo de José Luis Barceló 18 tras detectarse un movimiento brusco del edificio el pasado 14 de diciembre provocó, según ha opinado Mayor, que se hayan podido dar ayudas a personas o familias que no tenían derecho.

En todo caso, se ha felicitado por el operativo de desalojo, tapiado, ayudas y el desarrollo del centro de acogida, en el que han colaborado activamente Protección Civil, Cruz Roja y el Ejército, y ha señalado que este plan supondrá un coste de entre 140.000 y 150.000 euros, algo menos de los 160.000 presupuestados inicialmente por un decreto municipal de emergencia.

El gerente ha asegurado que, a la vista de lo sucedido, ha observado "el efecto de la crisis en la pobreza", sobre todo al descubrir que los bancos son los dueños de 17 de las viviendas y que las mismas "habían sido dejadas de la mano de Dios".

Para Mayor, este asunto relacionado con la imposibilidad de pagar las hipotecas y los desahucios supone "un tema grave en la zona norte" de la ciudad, donde "hay muchas viviendas vacías y sin uso".