Pulso sindical al decreto de admisión de alumnos

Más rechazo que puntos de acuerdo es lo que suscita en los sindicatos el nuevo decreto de admisión de alumnos, cuyo borrador presentó este miércoles la Consejería de Educación en la mesa técnica correspondiente. El mayoritario Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament (STEPV) ha pedido su retirada y que “se abra una negociación para conseguir el objetivo del equilibrio en la distribución del alumnado con necesidades educativas especiales”, señalado como objetivo en el preámbulo pero “sin una sola medida que lo garantice”, un aspecto que también ha destacado CC OO-PV.

El decreto recoge acciones que “servirán para potenciar la enseñanza concertada y para clasificar a los centros públicos de acuerdo con el rendimiento y la condición social del alumnado”. Entre estas “acciones” destaca el distrito único, sostenido en el “falso argumento de la libertad de elección de centros”, que también rechaza CC OO-PV porque “potenciará la libertad de los centros para elegir alumnado”. Lo que de verdad se pretende con el distrito único y estas medidas es “fomentar un tipo y modelo de centros docentes de gestión privada” que acabará por condenar “a la escuela pública a la marginalidad, subsidiariedad y futura desaparición”.

Libertad de elección

CC OO se opone también a que tener hermanos en el centro vaya a ser “determinante” y que el centro pueda añadir un punto al apartado que desee, “incluso repitiéndolo”. Pide, asimismo, la retirada de los puntos que hacen referencia a madres gestantes como equivalente a un hijo. CSIF ha planteado a la consejería que priorice la eliminación de líneas en los centros concertados sobre los públicos, ya que se trata de “cubrir aquellas necesidades que los públicos no pueden atender”. ANPE ha exigido que el procedimiento de admisión del alumnado “garantice una adecuada distribución del alumnado con necesidades de apoyo educativo entre todos los centros educativos, tanto públicos como privado-concertados”.

La consejera de Educación, Maria José Català ha defendido el decreto como una “apuesta por la libertad de elección” y los principios de “igualdad, el reconocimiento del mérito y la cultura del esfuerzo”. El decreto, ha dicho, “cambiará por completo la estructura a la hora de baremar las solicitudes de escolarización”.