La revolución letrada

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha vivido una de las semanas más convulsas de sus más de 400 años de historia. Esta institución caracterizada por su abolengo ha visto como letrados vestidos con traje y corbata arrinconaban, insultaban y casi golpeaban a dos hombres de una de las candidatas, Sonia Gumpert, cuando iban a retirar tres ordenadores personales y dos memorias portátiles. Estos problemas no se han quedado en los últimos días. Los próximos también se presentan movidos ya que la comisión electoral no ha decidido aún qué pasará con los comicios celebrados el pasado martes.

Una de las pocas cosas en que coinciden los 12 aspirantes es que Sonia Gumpert ha ganado las elecciones. Ha conseguido 5.500 votos, frente a los 2.800 de su inmediato seguidor, el decano en funciones Antonio Hernández-Gil. El tercero sería Javier Cremades, con unos 2.200 apoyos. Por sí solo, ese resultado la convertiría en la primera decana de la institución. Pero la realidad resulta mucho más compleja. Varias candidaturas han alegado contra Gumpert por posible fraude electoral. Afirman que ha utilizado métodos ilegales.

Uno de esos métodos fue el cotejo cada hora de los abogados que habían votado en las ocho mesas instaladas en el Palacio de Congreso del paseo de la Castellana, donde se instaló el colegio electoral del ICAM. Los distintos interventores de la candidatura de Gumpert pasaban el listado a los ordenadores portátiles, lo que les permitía saber en tiempo real quién faltaba por ejercer su derecho al voto.

Las acusaciones van todavía más allá y algunos candidatos afirman que la aspirante Gumpert ofreció pagar el taxi a los letrados que quisieran ir al Palacio de Congresos. Y aún más. Aseguran que personal de su equipo estaban en la calle esperando a los distintos letrados con el voto de su candidatura.

Todo ello ha sido negado de manera reiterada por Sonia Gumpert. Y lo ha hecho de todos los modos posibles desde la noche del pasado martes. “Decir todo eso es un insulto para la inteligencia, a la libertad y a la integridad de los abogados. ¿Alguien se puede creer que los profesionales se dejan vender por un taxi?”, se preguntaba la noche electoral. “Además, no hay nada en la reglamentación del colegio que prohíba esas prácticas, que por supuesto no hemos hecho”, añaden desde su candidatura. En esta se encuentra el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo.

“Quizás las normas del colegio no lo recojan, pero la Ley General Electoral, como norma subsidiaria, sí que considera ilegal todas esas prácticas”, matizan desde los equipos oponentes.

La noche del martes al miércoles fue especialmente larga y dura. La tensión se dejó sentir en los pasillos del Palacio, en los que Gumpert tuvo que oír insultos graves y acusaciones de “pucherazo”. Su equipo intentó blindarla y alejarla de las acusaciones, pero no siempre lo consiguió. Según pasaban las horas y la comisión electoral no decidía qué hacer con los resultados, se notaba su cansancio.

La madrugada avanzaba lenta, mientras se recontaba el voto por correo. Las dos, las tres, las cuatro de la madrugada. Así hasta las cinco y media, cuando un portavoz de la comisión electoral leyó el acuerdo que había tomado por las diversas impugnaciones. “Es una vergüenza”. Así calificó Gumpert la decisión de la comisión de retrasar la publicación de los resultados hasta que resolviera las alegaciones. Entonces se notó que estaba hundida, pese a que sus compañeros de candidatura no hacían más que abrazarla y darle ánimos.

La decisión tampoco gustó en las bancadas contrarias, donde seis aspirantes se habían unido para intentar que la candidatura de Gumpert fuera eliminada del proceso. También se dejaron ver rostros de preocupación. Por primera vez, al menos en la historia reciente del ICAM, unas elecciones terminaban con la intervención policial y con una más que segura judicialización de todo el proceso electoral.

Gumpert ha hecho una dura campaña electoral, al igual que sus contrincantes. Estar en el sillón decanal del colegio no es cualquier tontería. Se controla el destino de 65.000 letrados, se toman decisiones de alta envergadura y sus declaraciones suelen tener gran repercusión. La implantación del expediente electrónico, potenciar y mejorar la imagen del abogado y el arbitraje y la mediación para resolver conflictos son algunos de los ejes de su campaña. “Es una persona que trabaja muy duro y que se ha rodeado de grandes profesionales que conocen al detalle el colegio y la profesión de abogado”, destacan personas próximas a la candidata supuestamente ganadora.

Eso sí, los opositores también han criticado algunos de los movimientos que Gumpert ha hecho en campaña. Entre ellos, la firma de un acuerdo con la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) durante la campaña, lo que vulneraría los comicios. También aseguran que detrás de su lista está el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), del que es profesora. Según sus oponentes, este organismo es el que aspira a gestionar los distintos cursos que imparte el ICAM para formar a los letrados. Nadie quiere dar una cifra exacta del presupuesto que estos suponen, pero siempre se habla de cantidades millonarias. A ello se une también la mutua del colegio y el fondo de pensiones. O sea, un alto capital.

En la campaña la han tacharon de ser catalana, por su apellido. Le tocó negarlo por activa y pasiva. A eso se unió otra acusación: que recibía el apoyo de los hermanos Pintó, unos letrados catalanes. “Queda claro que no saben aceptar los resultados y que sepan que van a perder el poder. Los abogados de Madrid han hablado y han demostrado que quieren un cambio radical en el colegio”, ha afirmado la eventual ganadora.

Las espadas siguen en alto y a la comisión electoral le toca revisar y aceptar o desechar las alegaciones presentadas por todas las partes. No vale la decisión “salomónica” que adoptó el martes, como dijo un integrante de la comisión en plena madrugada. En esta ocasión se tienen que mojar. Solo valen dos soluciones. O proclaman los resultados tal cual y gana, presuntamente, Gumpert. O anulan su candidatura y permanece en el sillón Hernández-Gil. Sea como sea, todo apunta a que serán los jueces de lo contencioso-administrativa los que tengan que dirimir el conflicto. Un problema con el que se enfrentará el ICAM es que es la jurisdicción que mayor retraso acumula. De hecho, los magistrados ya están dando fecha para 2017. Cinco años, justo el periodo de vigencia de un decano.

Lo que más ha dañado a los profesionales ha sido la imagen que se ha proyectado esta semana de los abogados. Muchos reconocen que la llegada de la policía al Palacio de Congresos ha dañado su fama y que costará recuperar bastante su proyección social, ya de por sí bastante perjudicada. “Es lamentable el espectáculo que hemos dado, sobre todo, con los vídeos en los que se recogía el enfrentamiento”, destaca un miembro de una candidatura opuesta a Gumpert. En eso, también están de acuerdo los abogados, en especial, los que han permanecido al margen de las elecciones.