Una eléctrica pretende usar 15 veces el caudal ecológico del Arnoia
La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil tramita siete nuevas concesiones
Nada cambia en la gestión política del agua en la hiperexplotada cuenca del Miño-Sil. Ni síntoma de rehabilitación. El cacareado real decreto —puesto en marcha por el expresidente de este organismo, el socialista Francisco Fernández Liñares, ahora en prisión imputado en el caso Pokémon de corrupción política— que sienta las bases de una “nueva sensibilidad ecológica” no parece marcar la diferencia con la etapa anterior. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil tramita en este momento siete peticiones de nuevas centrales, o ampliaciones de otras existentes, en afluentes de estos sobresaturados ríos.
Hace escasamente un año, se selló el trámite administrativo en el que queda claro que esta cuenca no soporta más explotaciones. Las firmas que han solicitado captaciones del agua del Miño-Sil y sus afluentes son Allarluz (empresa municipal de Allariz ahora fundamentalmente en manos de Norvento, que posee el 88% de las acciones), Senercal SL, de la que es presidente el empresario madrileño Francisco Estéban Beltrán, Gas Natural, Suma de Energías Sl, y el empresario Ángel Jesús Luis Piensos, vinculado a Energías Combinadas SL.
En el caso de Norvento, la empresa pide un caudal máximo de 9.000 litros por segundo en la central ubicada en el paraje de O Rexo. El caudal ecológico estipulado para esta zona es de 600 litros por segundo de octubre a diciembre; de 1.450 de enero a marzo; de 1.300 litros por segundo de abril a junio y de 620 de julio a septiembre. La potencia a instalar será de 430 kilovatios. La empresa Suma de Energías SL, domiciliada en León, supera aún la petición de Norvento en caudal de litros por segundo. Pide 11.000 en el río Ancares. En este caso, el caudal ecológico es de 690 litros por segundo de diciembre a febrero y de 460 el resto del año.
Las mismas empresas, otros ríos
En enero de este mismo año tres grandes eléctricas intentaban explotar tramos encadenados de un mismo río de Lugo. El Loio, en la cuna de la Orden de Santiago, en un paraje que acababa de ser declarado por la Xunta Espacio Natural de Interés Local. Era el único tramo de la cuenca en el que el Miño nadaba libre. El resto era ya un rosario de pantanos.
Las mismas tres hidroeléctricas —que antes intentaron impedir la declaración de zona protegida de esa zona— son las mismas que piden ahora las nuevas concesiones en otros tramos de la cuenca: Hidroeléctrica A Carixa, SL, , filial de a Norvento; la leonesa Iniciativas Energéticas Combinadas, SL, representada por Ángel Jesús Luis Piensos y la lucense Pronervus Energías Renovables, SL, de la que figura como representante Teodoro Moreda Fernandéz, vinculado a asociaciones de constructoras de Galicia.
Tanto el alcalde de Paradela, José ManuelMato, como los grupos ecologistas alertaron entonces de que, “en realidad, las tres eléctricas podrían no ser más que una sola”. El regidor tenía la sospecha a la vista de la “casual” petición de proyectos en cadena de las tres energéticas para hacerse con el cauce completo del tramo del río que quedaba libre.
El presidente de Ríos con Vida, Pedro Brufao, valoraba, entonces como ahora, la posibilidad de que las empresas hayan podido dividir los proyectos semejantes “para pasar la evaluación” de impacto ambiental, el principal escollo apuntado por el organismo de cuenca.
En su opinión, la estrategia es simple: “De este modo, un gran impacto ambiental se divide por un tercio” y las hidroeléctricas tienen mayores posibilidades de sacar adelante cada proyecto sin interferencias.
Esta misma empresa ha solicitado también el aprovechamiento de 3.000 litros por segundo del agua del río Barjas, en los términos municipales de Trabadelo y Barjas (León), en el Salto de San Fiz do Seo.
Las pautas recogidas en la nueva normativa, entre las que figura la disposición para realizar menos concesiones y vigilar el caudal ecológico de las que se acepten, choca con estas peticiones que está tramitando el organismo de cuenca y que están en este momento en periodo de alegaciones. El nuevo presidente de la Confederación del Miño-Sil, Francisco Marín, matiza que precisamente el hecho de que estén en exposición pública, no significa que se vayan a conceder todas. Y puntualiza que, en el caso de que se aceptaran, podrían incluir variaciones, derivadas de la aceptación de las alegaciones que presenten los grupos ecologistas u otras entidades.
Sobre las peticiones de las dos empresas que piden usar un caudal 15 veces mayor que el ecológico, Marín precisa que ambos ríos “tienen suficiente capacidad para turbinar”. El nuevo presidente del organismo de cuenca insiste en que “precisamente el periodo de alegaciones se abre para que los grupos ecologistas expresen sus objeciones” antes de que el Ministerio de Agricultura tome la decisión de aprobarlas.
Los siete expedientes que se están tramitando afectan a los ríos Arnoia, en Allariz; al Carballás en Carballeda de Valdeorras, al Salas y Limia en As Conchas (todos ellos en la provincia de Ourense), al Barjas en Trabadelo (Ponferrada), al Ancares en el salto de Ocedo (León) y al Sardiñeira en O Saviñao, en la provincia de Lugo. La asociación vecinal de este último municipio ya ha mostrado su rechazo a la nueva minicentral. Los vecinos creen que la obra incidirá “muy negativamente” en el interés general y rechazan la declaración de utilidad pública.
En el caso de la central del Arnoia, en Allariz, el alcalde, el nacionalista Francisco García, asegura que es “una pequeña ampliación sin mayores consecuencias” medioambientales. Si las alegaciones no lo remedian, los tramos más sensibles de la cuenca del Miño-Sil se cubrirá de nuevas centrales. “Es un auténtico asalto hidroeléctrico”, clama el presidente de la asociación ecologista Ríos con Vida, Pedro Brufao, alarmado por los “elevadísimos caudales de agua” que las empresas solicitan “tan alejados de los caudales ecológicos marcados”´, lo que supondrá “un grave atentado” contra los cauces fluviales afectados.
El real decreto que rige desde hace unos meses la normativa del agua en esta cuenca establece que las nuevas concesiones tendrían que cumplir más severas condiciones. Esto es, que las empresas encontrarían menos rentabilidad económica- mientras que seguirá siendo difícil para el Estado poner coto a la explotación del agua que realizan las antiguas, en su mayoría instaladas durante la dictadura franquista y con concesiones que las blindan.
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