La fiscalía decide no acusar a Oltra y Villora por la protesta de El Cabanyal
Los cargos contra dos vecinos del barrio por el desalojo de 2010 se mantiene El juicio de faltas queda visto para sentencia dos años y ocho meses después de los hechos
La Fiscalía optó ayer por no acusar a la portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís Mònica Oltra, juzgada por supuesta desobediencia a la autoridad en los derribos de viviendas que se llevaron a cabo en el barrio del Cabanyal de Valencia en abril de 2010. El letrado que representaba a los policías, denunciantes y denunciados, se adhirió a la petición del ministerio público.
El juicio con los hechos ocurridos hace dos años y ocho meses en el barrio marinero, se inició el pasado lunes con ocho denunciados —Oltra, tres vecinos y activistas de Salvem El Cabanyal y varios policías— por supuestas faltas de desobediencia a la autoridad y lesiones.
Los abogados leyeron ayer en la tercera sesión del juicio los informes finales. La fiscal retiró la acusación contra dos de los denunciados, la diputada y el dirigente de Salvem Faustino Villora. Pero la mantuvo en el caso de dos de los denunciados.
El abogado de la portavoz de EU en las Cortes, Marga Sanz, que denunció a uno de los intendentes jefe y otro policía local que participaron en el dispositivo para derribar cinco inmuebles en la zona aquella jornada.
Según Plataforma Salvem El Cabanyal, el hecho de que la fiscalía no haya apoyado la acusación por desobediencia que se imputaba a los acusados, demuestra que la actuación de Salvem El Cabanyal y de los vecinos no constituyó ninguna infracción penal.
“Quien ha instigado en todo momento este proceso ha sido el PP del Ayuntamiento de Valencia”, dijeron en un comunicado. La entidad subrayó que aquel 6 de abril los vecinos solo intentaron hacer valer la orden del Ministerio de Cultura que protegía el barrio de las demoliciones ordenadas por el Consistorio que preside Rita Barberá.
Salvem insistió en que la convicción que les guió a defender las casas fue respaldada después por un auto de la Audiencia Nacional, de 5 de julio de 2012. El conflicto de competencias que provocó la polémica solo está pendiente del fallo del Tribunal Constitucional.
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