Una edil de Ourense recibió facturas que no pasaron por el registro

La concejala de Servicios Sociales de Ourense, Marga Martín, recibió facturas del servicio municipal de ayuda a domicilio por correo electrónico antes de ser enviadas en papel. Dos de ellas nunca pasaron por el registro de entrada del Ayuntamiento. Alberto López, gerente único de la empresa que gestionaba el servicio, cruzó varios correos con la edil socialista. Se trata de facturas del año 2008, cuyo pago está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 2 de Ourense tras una denuncia interpuesta por Democracia Ourensana. La gestión realizada por el empresario también ha sido denunciada por su exsocio José Troncoso, que acusa a López de supuesta estafa, apropiación indebida y falsedad documental. López volvió a ser el adjudicatario del servicio, por valor de 16,8 millones, en el año 2011.

En la documentación que analiza el juzgado y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se recogen correos electrónicos en los que el empresario adjunta facturas cuyo pago sin justificación reveló este diario. El 27 de noviembre de 2008, López remitió el siguiente mensaje: “Estimada Marga, te adjunto las facturas que recibiréis mañana en papel; la factura de noviembre seguirá su trámite normal y la extra de noviembre te la enviamos en un sobre cerrado. Gracias. Un abrazo”. Con el correo incluye una factura del primer semestre de 2008 con cientos de horas que no fueron pagadas mensualmente. Esta factura, que ahora figura en el expediente municipal investigado, carece del reglamentario sello del registro de entrada. Solo consta un sello de salida y otro de la central de compras.

El 16 de noviembre de 2008, el empresario explica en otro correo que “hay que fijar un día para ver a Marga, para establecer la estrategia a seguir en relación con la parte del presupuesto [del servicio de ayuda a domicilio] no utilizado. Lo ideal es facturar una parte este mes y otra en diciembre”. El asunto del mensaje cuantifica el dinero a negociar en “aproximadamente 236.000 euros”, el importe exacto de las dos facturas extraordinarias presentadas posteriormente.

El importe desglosado en esas facturas nunca llegó a las nóminas de las empleadas. Fuentes del consistorio aseguraron que se trataba de dinero destinado a pagar “horas ordinarias” trabajadas por las empleadas “que la empresa se olvidó de pasar” mensualmente. Sin embargo, las trabajadoras no recibieron aportaciones extraordinarias en sus nóminas. Por ejemplo, una empleada con una jornada laboral de cinco horas cobró más en marzo de 2008 sin horas por desplazamiento, que en enero de ese mismo año cuando, según las facturas, el Ayuntamiento pagó 3,3 horas diarias por ese concepto. Las plicas del servicio establecían que el pago de esos desplazamientos corría a cuenta de la empresa y no del Ayuntamiento. También existe un documento remitido a todas las empleadas en el que la dirección de la empresa estipula el pago de un máximo de dos horas semanales por desplazamientos.