4.500 protestas en menos de un año

Cada día se registran, de media, más de 13 protestas de distinto signo en las calles valencianas. Ciudadanos indignados por los recortes del Gobierno, los impagos de la Generalitat o los ajustes municipales salen diariamente a expresar su malestar en los espacios públicos.

A pie, en bici, en patines, en coche. Vestidos o desnudos. Parados y trabajadores, autónomos y asalariados, estudiantes y jubilados, padres y profesores, farmacéuticos y enfermos, discapacitados... Solo en los 11 primeros meses del año, la Delegación del Gobierno ha registrado 4.500 manifestaciones y concentraciones, de ellas 850 no comunicadas. El incremento de las protestas contabilizadas oficialmente es un 80% mayor que el registrado el año pasado.

El récord lo tiene la ciudad de Valencia, donde las protestas comunicadas se han incrementado en un 156% y han pasado de las 496 del año pasado a las 1.270 de este año. Y eso sin tener en cuenta las no comunicadas.

El catedrático de Sociología de la Universidad de Alicante Antonio Alaminos argumenta que el incremento de las protestas sociales obedece a dos grandes factores.

Por un lado, al impacto de la crisis sobre una clase media muy amplia, que creció durante décadas antes de la llegada de la crisis. Por otro, a la demora de los efectos de las decisiones políticas, sobre todo en materia de empleo y consumo.

“Primero se vio afectada la parte más volátil de las clases medias, la que se identificaba con su capacidad de consumo”, argumenta Alaminos. “La debacle en la construcción y en los servicios desclasó a mucha gente en su vida cotidiana. Y esa capa de la sociedad, aunque admite que ya no vive como clase media, todavía se siente como tal y está dispuesta a pelear por ello”, explica. “Posteriormente, la reforma laboral, los recortes en la Administración y los servicios públicos”, prosigue el sociólogo, “han impactado en el resto de la clase media y han debilitado más su espesor”.

¿Pero por qué las manifestaciones, además de más numerosas, son más frecuentes? Alaminos afirma que ello se explica porque los efectos prácticos de las decisiones políticas se notan bastante más tarde. “La adopción de decisiones políticas de gran calado y de tipo sectorial (educación, sanidad, pensiones, vivienda, etc.) provoca que sean muchos los colectivos los que convoquen las protestas, pese a que todos tienen en común la pérdida de poder adquisitivo y de calidad de vida”, dice Alaminos, que añade: “Si la crisis se prolonga y se acumulan sus efectos, la protesta por un estilo de vida que desaparece se convertirá en una pelea por unas condiciones de vida dignas”.

El rápido aumento del número de protestas ha cambiado el paisaje de los centros urbanos de las principales ciudades. Una situación que ha provocado las quejas de asociaciones de comerciantes y el disgusto de alguna munícipe, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que llegó a amenazar con hacer pagar la limpieza de las calles a los convocantes de las manifestaciones.

Fuentes del Ayuntamiento de Valencia admiten que cada vez que hay una manifestación en el centro de la ciudad se desvían hasta un total de 20 líneas de autobús y se refuerzan los servicios de limpieza y Policía Local. “Las manifestaciones se han multiplicado por dos o por tres”, asegura un cargo municipal, “lo que se traduce en un gasto adicional y en la presión de los comerciantes del centro, que ven cómo sus ventas disminuyen”. La ventaja, a la hora de organizar la vida de la ciudad, es que las manifestaciones suelen realizarse sobre unos recorridos ya fijados por la tradición. “Si se comunica la convocatoria de manifestaciones fuera del circuito habitual, por ejemplo para pasar frente al domicilio de alguna autoridad política, se intentan reconducir”, señala un miembro del Ayuntamiento que preside Rita Barberá.

Para Joan Olmos, profesor de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia, la manifestación de la protesta busca los centros urbanos “porque tienen mejor accesibilidad y disponen de avenidas de gran capacidad, y elementos simbólicos”.

Olmos explica que la Administración no solo intenta “condicionar, regular y supervisar las reivindicaciones ciudadanas en el espacio público, sino que con demasiada frecuencia las normativas municipales van más allá y reprimen no solo la contestación, sino el modo en que se utiliza el espacio público”.

En las últimas décadas, los escenarios de la protesta y el malestar han cambiado. De las revueltas estudiantiles en los campus universitarios durante la dictadura de Franco se pasó a la concentración frente a los principales edificios gubernamentales. El último gran cambio de escenario ha sido la ocupación de las principales plazas públicas, sobre todo a partir del 15-M, y los abrazos a los Parlamentos, consecuencia del desafecto hacia la clase política, el papel de las redes sociales y el sueño de revitalizar la plaza como ágora. Pero siempre con las manifestaciones como hilo de sutura de las distintas expresiones de malestar a lo largo de las décadas.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, cree que sería necesario hacer una “reflexión serena” sobre el impacto de las manifestaciones. “Me gustaría que hiciésemos un foro para perjudicar lo menos posible a los comerciantes, bien cambiando los itinerarios o bien buscando zonas no tan comerciales, en el que participasen los sindicatos y los convocantes de las protestas. Hasta ahora el número de manifestaciones no era tan grande como para que tuviésemos que llamar la atención sobre esta cuestión”, afirma Sánchez de León.

Para quienes convocan las protestas la visión es distinta. Un miembro de la plataforma Stop Desahucios, que quiere guardar el anonimato, asegura que el procedimiento está muy reglado y que, habitualmente se comunican las protestas a la Delegación del Gobierno. “En grandes manifestaciones o convocatorias generalizadas no suele haber problema para comunicar con antelación el acto a la Delegación del Gobierno, pero cuando se trata de detener un desahucio, si no hay tiempo no lo hacemos”, señala. Otro activista, militante en otros movimientos sociales, admite, no obstante, que la sorpresa es un factor necesario en muchas ocasiones para evitar el desalojo por parte de las fuerzas de seguridad o para ocupar pacíficamente la oficina de una entidad bancaria.

Para el catedrático de Sociología Antonio Alaminos, esta crisis es estructural y la sociedad “difícilmente podrá seguir siendo la misma”. Alaminos explica que, si continúa la crisis, el eje de atención se desplazará del consumo a la producción y entonces las movilizaciones adquirirán unas características típicas de los conflictos de clase. La otra opción, en caso de que no se resuelva la crisis, es que el eje de atención se desplace hacia las emociones (con elementos como la identidad o la religión) lo que, en su opinión, podría generar una dinámica populista con derivas xenófobas.

De momento, la previsión es que las protestas aumenten.