Los socialistas reclaman a Fabra un arbitraje ante desahucios

“Un servicio de arbitraje y asesoría” para ayudar a las familias afectadas en sus problemas y “acabar con los abusos”. Esa fue una de las reclamaciones que ayer hizo al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la diputada en el Congreso y secretaria de Economía y Empleo de la ejecutiva del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, tras reunirse, junto a la diputada en las Cortes Valencianas María José Salvador, con representantes sindicales para hablar del problema de los desahucios. Rodríguez Piñero puntualizó que no está pidiendo crear un órgano con personal nuevo sino “aprovechar el enorme caudal de los funcionarios” para poner en marcha el servicio.

La dirigente socialista resaltó que el problema de los desahucios afecta especialmente a los valencianos y María José Salvador ofreció algunos datos: un 22% de personas desahuciadas en una comunidad que representa el 11% de la población española. “Que no se ponga de perfil ante un problema que afecta especialmente a las familias valencianas”, dijo Rodríguez Piñero sobre el jefe del Consell, a quien pidió que exija a Mariano Rajoy que modifique el decreto del Gobierno del PP que pretende paliar los efectos de los desahucios y que calificó de “parche”.

Acabar con las cláusulas abusivas, desvincular a las entidades financieras de las empresas tasadoras, reformar “en profundidad” el código de buenas prácticas y darse un plazo para replantear adecuadamente la legislación hipotecaria son algunas de las cosas que propone el PSOE, según explicó Rodríguez Piñero. La “insuficiente” respuesta de Rajoy al drama de los desahucios obedece, según la dirigente socialista, a la “pérdida de soberanía en materia de política financiera” que sufre el Gobierno, sometido a las exigencias de la UE, más que al miedo a que un cambio legislativo pueda generar un efecto perjudicial sobre el mercado hipotecario. Según Rodríguez Piñero, la estadística cifra en 400.000 los desahucios desde el inicio de la crisis, pero incluye plazas de garaje, naves y segundas residencias. Habría que depurar, señaló, la cifra de desalojos de la vivienda habitual de familias que se ven en situación de insolvencia frente a la hipoteca por la pérdida del empleo y de recursos. Rodríguez Piñero aventuró que se trata de unos 15.000 casos. “Es un problema muy acotado al que hay que buscar una solución”, indicó.