El exconcejal del PP se niega a declarar por la trama corrupta de Sabadell

El exconcejal del PP en Sabadell Jordi Soriano, presunto intermediario en la trama de corrupción urbanística, ha optado por guardar silencio. Soriano, que fue expulsado del partido el año pasado por su apoyo al alcalde socialista, Manuel Bustos, se ha negado a declarar ante los Mossos d'Esquadra. Tampoco dará explicaciones esta tarde El exconcejal del PP se niega a declarar por la trama de Sabadellal juez que investiga el caso y que debe decidir si le envía a prisión o le deja en libertad.

Soriano ejercía, según fuentes de la investigación, de intermediario entre los empresarios y los políticos. La Fiscalía Anticorrupción considera que los empresarios (en su mayor parte, constructores) debían abonar cantidades que llegaban hasta los 120.000 euros para acceder con "ventajas" a la adjudicación de obras públicas. Soriano era, supuestamente, el encargado de recibir ese dinero y hacerlo llegar a los cargos públicos. Por ahora se desconoce si Bustos participaba también en esos negocios fraudulentos o si, sencillamente, conocía su existencia sin hacer nada para combatir el fraude. Bustos, que está imputado, declara mañana ante el juez. Una vez acabados los trabajos, según Anticorrupción, los empresarios tenían que pagar también el 3% del importe de adjudicación.

El pasado martes, los Mossos registraron la casa de Fernández y una segunda residencia que posee en la Cerdanya. Soriano ha optado por no declarar, según fuentes jurídicas, por prudencia, ya que el caso está bajo secreto de sumario y el detenido ignora, por tanto, qué acusaciones pesan sobre él. Los investigadores cuentan con las intervenciones telefónicas. En ellas, presuntamente, Soriano se ofrece a empresarios para mediar con dirigentes políticos y así lograr que aquellos obtuvieran una licencia o una adjudicación de obras.

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Soriano será el último de los 12 detenidos que hoy desfilan ante el juez. Los tres primeros detenidos que han declarado ante el juez han quedado en libertad con cargos. Se trata de Eva R. M., trabajadora de una constructora, por soborno y falsedad y documental. Sandra R. G., exconcejal del PP, por un delito contra la administración pública; y Enrique V. F., arquitecto técnico de una constructora, por delito contra la administración pública y falsedad documental.

Según fuentes de su entorno, Soriano no tiene en la actualidad ninguna ocupación y cobra una pensión por invalidez. "No tiene un duro. Quieren matar al mensajero", añaden esas fuentes, que ven llamativa la decisión del juez de mantener detenidos a los empresarios durante 72 horas (el máximo que permite la ley) y, en cambio, solo imputar a los políticos. El entorno del imputado señala que Soriano "tenía contactos" y que es posible que "hiciese algún favor". Pero subraya que no tenía poder de decisión en el ámbito del ayuntamiento de Sabadell.