Los 173 despedidos del Incasòl piden hoy la nulidad del ERE

La Generalitat aplicó la reforma laboral en la empresa pública

Hoy llega a juicio el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del Incasòl, la empresa pública de la Generalitat, que en verano se acogió a la reforma laboral y despidió a 173 empleados con una indemnización de 20 días por año trabajado. El juicio se celebrará en la sala social de la Audiencia de Barcelona y los abogados que defienden a los trabajadores persiguen que el ERE se considere nulo. Esto es, que el juez lo tumbe y los empleados sean readmitidos.

No será la primera vez que las partes se vean las caras. Los abogados de los trabajadores, Vicente Cantos y José Manuel Suárez, consiguieron el año pasado que se declarara la nulidad de 22 empleados que fueron despedidos en marzo de 2011. Esa victoria, que forzó el retorno de los despedidos (todos ellos incluidos en el ERE de verano y por lo tanto despedidos dos veces), hizo que la plantilla confiara de nuevo en ellos. Está previsto que el juicio arranque a las 9.30 horas y se prolongue toda la mañana. Preguntada la empresa por su postura ante el juicio, su portavoz responde que no se pronunciará hasta la sala de vistas.

La estrategia de la defensa pasa por demostrar que en el ERE hubo “fraude de ley”, por razones tanto formales como de fondo, explica el abogado Cantos. Entre las cuestiones de forma, la primera pasa por “invocar la inconstitucionalidad” de la disposición adicional del decreto de reforma laboral que prevé despidos en empresas públicas. “El decreto, urgente, se justificó para incentivar la contratación en el sector privado, no para despedir en el público” argumenta Cantos. Si los magistrados de la audiencia de Barcelona consideraran esta inconstitucional, elevarían el caso al Tribunal Constitucional, apunta: “Sería un proceso muy largo, pero en caso de ganar afectaría a todos los ERE presentados en empresas públicas”. La segunda cuestión es demostrar que ha habido “defecto formal” porque, explica el abogado, los despidos se decidieron en el Consejo de Administración de la empresa “y no, como prevé la ley, mediante un decreto de Gobierno que se apruebe en el Parlament”.

Respecto a las cuestiones de fondo, la defensa esgrimirá que las “causas económicas no son aplicables en este caso, porque las empresas públicas no tienen pérdidas sino déficit, y que en cualquier caso se calculó sobre el presupuesto y no la ejecución presupuestaria”. Cantos, que cuando el Incasòl presentó el ERE lo calificó de “incompleto, precipitado, insuficiente y arbitrario”, recuerda que en la documentación presentada por la empresa falta la relativa”"al grupo de empresas del que forma parte” que el plan de recolocación se presentó fuera de plazo.

En el conjunto de argumentos, la defensa también recordará la contratación de nuevos altos cargos o de la existencia de directivos “con sueldos superiores a directores generales”; que cuando un expediente se justifica por causas productivas no se puede despedir a los empleados sino mandarles temporalmente a casa; o que en el capítulo de causas organizativas, la selección de los afectados fue “arbitraria”.

Si el caso no se eleva al Constitucional, indica el abogado, la sentencia podría dictarse en una o dos semanas. Mientras tanto, los empleados del Incasòl llevan desde el lunes protestando ante la Audiencia, en el paseo de Lluís Companys, y también ante la sede de la empresa, en la calle de Còrsega.

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