La Junta sigue sin ver riesgo sanitario en las calles de Jerez

Las calles de Jerez acumulan 3.000 toneladas de basura, pero los informes técnicos que realizan cada día sobre el terreno cinco inspectores indican que no existe un riesgo inmediato para la salud pública. Estos informes descartan que, por ahora, la Consejería de Salud se plantee decretar una alerta sanitaria, una medida excepcional que llevan días pidiendo a la Junta la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo (PP), y muchos ciudadanos.

El jefe de Salud Pública de Cádiz, Andrés Rabadán, lo expuso ayer de forma gráfica: “No discuto con los vecinos: hay malos olores, nauseabundos, pero lo olores no generan alerta sanitaria. Y hay ratas, siempre hay, y moscas, pero no hay riesgo de epidemia”, subrayó Rabadán.

La declaración de estado de emergencia en la ciudad supondría limpiar las calles de basura, lo que podría considerarse una vulneración de los objetivos que persiguen los trabajadores con su huelga. El asunto, probablemente, acabaría en los tribunales. Con los datos que manejan los técnicos, por ahora, esta medida es improbable. Fuentes de la Consejería de Salud explicaron que el principal riesgo sería la entrada de gérmenes o sustancias nocivas en el sistema de agua potable, lo que hoy se evita con las redes de alcantarillado y tuberías. Los técnicos sostienen que las ratas, a las que la población ha señalado estos días con preocupación, tampoco suponen un peligro grave porque no transmiten gérmenes patógenos.

Lo que no descarta del todo la Junta es que se adopte esta medida en alguna zona. Lo avanzó ayer Fernando López Gil, delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz. “Es posible que se tenga que declarar en ciertos puntos de la ciudad si no hubiera un acuerdo”, señaló. Fuentes del SAS explicaron que los técnicos de la Junta analizan cada día entre 150 y 200 puntos de la ciudad. No son puntos fijos, sino que los inspectores suelen tomar muestras en los que aprecien mayores problemas. Si en uno de ellos se aprecia riesgo para la salud, se decretará la alerta sobre esa zona.

De adoptarse, la declaración se ampararía en la ley orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública, que deja manos libres a la Administración para adoptar cualquier medida para preservar la salud pública. La ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía fija también cómo debe actuar la Junta.