UGT denuncia por prevaricación a Aguirre y Figar por contratar nativos
La Comunidad fichó a 28 profesores extranjeros en septiembre sin oposiciones previas El sindicato entiende que atenta contra los principios de igualdad, mérito y capacidad Piden que se retire el personal y que ocupen sus puestos funcionarios La Comunidad responde con un cambio para "reforzar legalmente el proceso"
El sindicato educativo FETE UGT ha presentado este martes en los juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla una denuncia por prevaricación contra la expresidenta regional Esperanza Aguirre y la consejera de Educación, Lucía Figar, por la contratación a dedo de profesores nativos. Al inicio del curso 2012-2013, la Consejería de Educación fichó a 28 procedentes de Gran Bretaña e Irlanda para dar clases de Gimnasia, Tecnología y Plástica.
La Consejería por su parte, ha respondido anunciando un cambio normativo tras la denuncia: el próximo jueves incorporará un artículo "calcado" de la Ley de Educación de Andalucía (LEA) en su ley de Acompañamiento. "Pensamos que este modelo de contratación no tiene problemas, pero estoy dispuesta a reforzar legalmente el proceso", ha declarado la consejera Figar.
Los 28 docentes se incorporaron a los centros con nociones mínimas (o sin ellas) de español. Estas contrataciones, en virtud de un convenio interno “con universidades inglesas” que Educación no publicitó, llegaron después de que la expresidenta Aguirre indicara que se haría insumisa ante las leyes que no le permiten contratar profesores nativos [puede hacerlo, pero si se presentan y aprueban el mismo proceso de selección que el resto] y también con posterioridad a que el ministerio de Educación, José Ignacio Wert, le respondiera que ese tipo de contrataciones no era viable con la legislación actual sin habilitar un proceso de oposiciones.
El argumento de la Consejería fue que servirían para reforzar el bilingüismo en la red de centros especializados de la Comunidad de Madrid. Los sindicatos denunciaron entonces que habían desplazado a profesores con esos perfiles y ocupado vacantes de funcionarios, como recuerda ahora FETE-UGT en su denuncia por prevaricación.
Un artículo "calcado"
La Comunidad de Madrid incluirá en la Ley de Acompañamiento, que previsiblemente pasa por Consejo de Gobierno este jueves, un artículo calcado de la Ley de Educación de Andalucía, al entender que este gesto dará amparo legal a las contrataciones de nativos tras la denuncia de UGT. El articulo 13.12 indica que "la Administración educativa podrá incorporar, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca, profesorado de otros países, con la misma titulación que la requerida para el personal funcionario, tanto para la enseñanza de idiomas como para impartir otras materias cuyos currículos se desarrollen en una lengua extranjera". La Consejería madrileña elude incluir otra parte de la misma normativa (artículo 16.3) en los que se establece la convocatoria de "concursos específicos" para estos puestos. "En todo caso", prosigue, "se actuará conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad", precisamente los principios que se han conculcado presuntamente en Madrid, a juicio de los sindicatos.
El sindicato añade que las últimas plazas ofertadas por la Comunidad de Madrid para centros de enseñanza (190) no recogían “las especialidades mencionadas” para las que se contrataron a los nativos, que trabajan más horas que los interinos (cuatro más, según la consejería) y cobran menos: 26.754 euros al año frente a 27.356, según la cifra oficial.
UGT se ampara en los artículos de la Constitución que legislan el acceso a la función pública “acorde con los principios de igualdad, mérito y capacidad” y cita hasta nueve normativas diferentes que, según el texto, regulan estos procesos. Recuerdan la llamada de Aguirre a “la insumisión” y consideran que “lo que en principio era una mera declaración política más o menos acertada, se ha convertido, presuntamente a día de hoy en una realidad fraudulenta, contraria a derecho y por ende injusta y arbitraria”. UGT solicita “la retirada inmediata” de estos docentes contratados “de manera irregular y presuntamente ilegal” y su sustitución por los funcionarios desplazados.
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