Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

El presidente de la comisión de los ERE censura al PP por exagerar el fraude

Ignacio García (IU) critica el “interés descarado en inflar” las irregularidades

El presidente de la comisión de los ERE, Ignacio García (IU), en el Parlamento. Ampliar foto
El presidente de la comisión de los ERE, Ignacio García (IU), en el Parlamento.

“Ha habido un interés descarado por parte de la derecha andaluza y nacional en inflar a priori la cuantía de lo presuntamente defraudado, aun a costa de cuestionar los importantes beneficios de las ayudas sociolaborales a las prejubilaciones correctamente distribuidas”. La propuesta síntesis redactada por el presidente de la comisión parlamentaria sobre los ERE, Ignacio García (IU), contiene ataques directos al PP, como el párrafo anterior, sobre el uso dado al fondo para empresas en crisis en la confrontación política con la Junta.

En el pasado diferentes cargos del PP estimaron que la totalidad del fondo de los ERE (732 millones) era fraudulento, debido al erróneo procedimiento seguido por el Ejecutivo. Eso sí, declinaron aventurar si pedirán la devolución del dinero a los 6.000 prejubilados beneficiados. “La inmensa mayoría de las ayudas sociolaborales conseguidas son legítimas (...) y constituyen más del 80% de la totalidad de la partida 31L”, añade García.

El próximo jueves los tres grupos políticos (PSOE, PP e IU) se reunirán para intentar alcanzar un dictamen final para la comisión. Antes, el martes PP y PSOE presentarán enmiendas al texto propuesto por la presidencia. Y a tenor de la propuesta de García, las enmiendas serán duras por algunos de los 196 párrafos sobre el fondo, que tanto el PSOE como el PP considerarán excesivos. El texto coincide en general con las conclusiones expuestas por IU, grupo político de García, y responsabiliza del fraude a los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández. Por tanto, el equilibrio se antoja complicado, dados los réditos políticos que los grupos creen que se juegan en el dictamen final de los ERE.

El tono de la propuesta pretende huir del lenguaje burocrático e intenta hacer comprensible un tema tan árido como los ERE y su compleja financiación. Sin embargo, contiene errores como la acusación contra la agencia Idea (pagadora de las ayudas), a la que recrimina que “consintió los pagos cruzados”. El mecanismo fue creado por el ex director general Javier Guerrero, que daba órdenes de pago a las aseguradoras de manera directa por teléfono o fax, por lo que prescindía de la agencia Idea. El dinero destinado a una póliza se desviaba de este modo a cualquier otra ayuda directa o póliza distinta, sin conocimiento de los técnicos de Idea.

El presidente admitió ayer la similitud de su texto con el propuesto por su grupo: “Es evidente que hay más cercanía a las conclusiones de IU. Es una propuesta comprensible pero con un tono de seriedad, huyendo de metáforas, para lograr un relato bastante coherente”. García es consciente de ciertas diferencias abismales entre las tres propuestas: “Se parte de posiciones muy diferentes. Cada grupo tiene un 15% de sus contenidos... a priori todo está abierto”. Fuentes del PP apuntan que “la clave está en cuánto va a ceder el PSOE para señalar a los responsables políticos”.

En su propuesta, la presidencia se enfrenta a la Intervención General, cuyo máximo responsable durante 10 años, Manuel Gómez, ha defendido que nunca pudo haber emitido el informe de actuación pese a la gravedad de las irregularidades detectadas. “\[La Intervención\] renunció a emitir un informe de actuación a pesar de haber razones suficientes para ello\]”, opina García.

Mientras, las críticas a las políticas puestas en marcha por la Junta desde la Consejería de Empleo durante la pasada década son contundentes. El texto censura el descontrol y la concesión de ayudas inverosímiles por parte del Gobierno andaluz, pero también entra en detalles colaterales. Como el argumento del PSOE sobre que el Parlamento aprobó las partidas del fondo. “Difícilmente puede argumentarse que el Parlamento conocía lo que pasaba y que por tanto lo estaba legitimando aunque fuera de manera pasiva. Es evidente que el Parlamento no podía saber nada”. La crítica al convenio que permitió las ayudas (“escuálidos cuatro párrafos”) y al funcionamiento de la Junta es general: “El Gobierno ha funcionado como la mera agregación de una serie de compartimentos estancos”.