La imputación de Orozco abre una crisis en el gobierno de Lugo

La Operación Pokémon contra la corrupción ha abierto una nueva crisis en el gobierno de una ciudad gallega. Después del tumultuoso episodio vivido hace un mes en Ourense, donde el alcalde, el socialista Francisco Rodríguez, acabó dimtiendo tras su detención acusado de recibir sobornos, ahora le ha llegado el turno a Lugo. El regidor de esta ciudad, el también socialista Xosé López Orozco, se niega a abandonar el cargo después de que la juez que dirige el caso, Pilar de Lara, le haya citado a declarar la próxima semana imputado por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Sus socios del BNG, como ya había ocurrido en Ourense, le exigen que dimita y se plantean romper el gobierno municipal.

 “La palabra dimisión no está en mi diccionario”, afirmó Orozco, también presidente del PSdeG, tras conocer su imputación. Poco antes, en una conversación personal, su teniente de alcalde, el nacionalista Antón Bao, le había trasladado formalmente la petición de que dimita. “Ante una imputación, por higiene democrática y manteniendo la presunción de inocencia siempre, el BNG cree que un cargo público debe dimitir”, explicó luego Bao a los periodistas. El BNG ya obligó a renunciar a un concejal suyo en Ourense que también fue imputado en este caso. El reciente candidato nacionalista a la Xunta, Francisco Jorquera, respaldó la decisión de sus compañeros de Lugo, que han convocado una asamblea de militantes para plantearse el abandono del ejecutivo local.

Tras sumir en el caos durante dos semanas al gobierno local de Ourense, el caso Pokémon le ha reventado ahora al bipartito lucense en el peor momento, en plena elaboración de unos presupuestos complicados por la crisis. López Orozco ha sido llamado a declarar el próximo jueves, como confirmó ayer el propio alcalde. Horas después de su anuncio inicial de que no va a dimitir, Orozco volvió a comparecer arropado por el grupo socialista y señaló que, tras consultar con la dirección del PSdeG y la ejecutiva federal, a través de Gaspar Zarrías, secretario de Política Municipal del PSOE, recibió un mensaje de “absoluta confianza” en su incocencia. “Es la crónica de una imputación anunciada y la recibo con entera tranquilidad”, explicó Orozco, quien recordó que él mismo ya había pedido hace tiempo a la juez declarar de forma voluntaria.

Desde finales de septiembre, cuando se abrió la operación que investiga una supuesta trama de pagos de empresas a políticos para obtener concesiones públicas, todas las miradas se dirigieron al alcalde de Lugo. El principal implicado en la trama, actualmente en prisión, es Francisco Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y antes concejal de Urbanismo y de Economía en Lugo, donde era el hombre de confianza de Orozco. Tras ser detenido, Liñares confesó ante la juez que llevaba años percibiendo mordidas de empresas, por las que llegó a acumular ingresos superiores a los 3.000 euros al mes.

Liñares es el único, de la más de una veintena de imputados, que sigue en la cárcel. El otro principal acusado, el gerente de Vendex, Rolando Rodríguez, con numerosas contratas municipales en Galicia y acusado de repartir sobornos, salió en libertad esta semana tras pagar 80.000 euros de fianza.