Los trabajadores sociales critican la descoordinación ante los desahucios

En los dos primeros trimestres de 2012, los jueces han decretado en Andalucía un total de 7.133 lanzamientos hipotecarios –término jurídico que define los desahucios de viviendas-. La cifra supone un aumento del 34% respecto al mismo periodo del año pasado. El drama social de la pérdida de vivienda se ve agravado, según los trabajadores sociales, por la falta de coordinación de las diferentes administraciones públicas y la escasa capacidad de maniobra que tienen los afectados frente a las entidades bancarias. Así lo ha denunciado esta mañana el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Málaga.

“Los recursos públicos de ayuda a los ciudadanos afectados por los desahucios están descoordinados. Los ciudadanos no saben adónde acudir porque, además estos recursos, muy limitados, no tienen la suficiente difusión”, ha afirmado este jueves Rafael Arredondo, presidente del colegio. Los trabajadores sociales, que participan como intermediadores con bancos y cajas en numerosos casos de desahucio, denuncian también la falta de personal especializado en estos problemas en las entidades financieras. “Se marea la perdiz, la sucursal te remite a las oficinas centrales, y las oficinas centrales a las regionales. Hacen falta interlocutores válidos en cada entidad para evitar los desahucios”, ha manifestado Arredondo.

El representante social ha recordado que “ningún caso de desahucio es igual a otro” y se ha quejado de que “se hace hincapié en el derecho del acreedor, pero no en el hecho de que poner a una familia en la calle genera un segundo conflicto social”.

Mientras los dos principales partidos tratan de llegar a un acuerdo para aliviar el drama, los trabajadores sociales reclaman la “paralización total” de los desahucios. “La respuesta política llega tarde; si no hubiera habido al menos dos suicidios, no habría pasado nada”, sostiene Arredondo. Los trabajadores sociales reclaman que el futuro decreto ley sobre los desahucios establezca que un informe de estos profesionales sirva para paralizar un lanzamiento judicial.

La abogada Belén Martínez, especialista en intermediación hipotecaria, ha afirmado que el éxito de esta negociación para el deudor reside en gran medida en la buena voluntad de las entidades bancarias. “No tenemos armas jurídicas que puedan forzar a un banco a paralizar un desahucio o un embargo”, reconoce.