Paralizan el desahucio de una madre y su hijo por indefensión en Torrevieja

La convocatoria de huelga general ha servido para que un nutrido grupo de piquetes sindicales y decenas de personas anónimas paralicen el desahucio de una mujer enferma de 80 años y de su hijo. El juez encargado de ejecutar este miércoles en Torrevieja (Alicante) el desahucio de un hombre y de su madre, de 80 años y dependiente, ha suspendido a última hora de la mañana el lanzamiento por "irregularidades" en el procedimiento e "indefensión" de los afectados, según ha informado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Stop Desahucios de la localidad.

El colectivo ha informado que unas 70 personas se han concentrado a las 10.30 horas frente al domicilio, si bien al no acudir a la vivienda la comisión judicial encargada de la ejecución, los miembros de la plataforma han decidido personarse en el juzgado, donde les han comunicado la anulación del procedimiento.

Las mismas fuentes han explicado que el juez ha decidido anular el desahucio por "irregularidades" en el proceso e "indefensión" de una de las partes, ya que el afectado, en situación de desempleo, había solicitado "más tiempo" para buscar otra vivienda, "sin obtener respuesta alguna", han puntualizado.

El domicilio que iba a ser embargado se encuentra en el número 9 de la calle Suecia de la población torrevejense, es propiedad de un "prestamita", y los inquilinos son un hombre y su madre de 80 años, que se encuentra en situación de dependencia por enfermedad, mientras que la única prestación económica que perciben es la paga de viudedad de la mujer.

La casa fue comprada por el matrimonio hace 12 meses sin crédito hipotecario alguno, aunque posteriormente fue hipotecada para avalar una operación con un prestamista para crear una empresa a favor del hijo. Hace unos meses el hijo no pudo seguir pagando el préstamo, lo que inició el proceso de desahucio a favor del prestamista, que es el nuevo dueño del inmueble.

Los convocados por Stop Desahucios han contado con el apoyo de un grupo de personas pertenecientes a un piquete constituido con motivo de la jornada de huelga general, que se han acercado al lugar de la acción para ayudar en la paralización de este lanzamiento, según las mismas fuentes.  Tras la paralización, las partes deberán personarse en las dependencias judiciales en el plazo de diez días para comparecer ante el juez.