Jueces, fiscales y consumidores se unen a CC OO y UGT para respaldar la protesta

La denominada Cumbre Social Vasca, que aglutina a sindicatos como CC OO, UGT y LSB-USO junto a la Unión Progresista de Fiscales, Jueces para la Democracia o la organización de consumidores EKA, hasta un total de 15 organizaciones, ha llamado hoy a secundar la huelga general del próximo miércoles en rechazo a las políticas de recorte.

El llamamiento constituye la primera propuesta de la Cumbre Social, presentada hoy en Bilbao por sus integrantes en un acto informativo, al que ha asistido, entre otros, el fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro. Además de las citadas organizaciones, integran la plataforma, entre otras, la Asociación de Usuarios de Cajas, Bancos y Seguros Adicae; la plataforma en defensa de la sanidad pública Osalde; la ONG Bakeaz; la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la organización para la cooperación por la paz ACPP Euskadi.

En nombre de todos ellos, Josu Ugarte, de Bakeaz, ha explicado que la plataforma citada constituye un espacio de convergencia y coordinación de organizaciones a las que les mueve la "preocupación" por las consecuencias de la crisis y las políticas que están adoptando los gobiernos para afrontarla.

Ugarte, que ha instado a otras organizaciones sociales y sindicales vascas a tomar parte en la iniciativa, ha animado a luchar contra "la resignación, entendiendo que hay esperanza porque las políticas se pueden cambiar".

Los integrantes de la Cumbre Social Vasca han suscrito un manifiesto, en el que expresan su rechazo a las políticas derivadas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento al considerar que "el monetarismo como principio de la política económica comunitaria" consagra un modelo "basado en la desigualdad". Según señalan en el documento, los intereses generales "resultan expulsados de la intervención económica" y todo lo referido al modelo social y los servicios públicos como educación y sanidad pública, dependencia, sistema público de pensiones, acceso a una vivienda digna —"es terrible lo que ocurre con los desahucios", ha dicho Ugarte—, prestaciones sociales o acceso a la justicia en condiciones de igualdad "son y serán cuestionados".

Los firmantes defienden políticas alternativas de desarrollo económico y creación de empleo y reclaman un cambio "radical" de las políticas fiscales, de manera que se grave más a las grandes fortunas. En su manifiesto, advierten de que la crisis "pretende ser el momento definitivo de la involución del modelo que afecta también a la democracia" y exigen a los gobiernos que clarifiquen sus propuestas y no concurran a procesos electorales "con programas que serán cambiados de forma radical al día siguiente".

Según indican, "el contrato electoral mínimamente exigible no puede permitir a un gobierno modificar radicalmente la fisonomía de una sociedad sin haberlo expresado previamente y mediante decreto ley". A su juicio, "este déficit democrático" se manifiesta también "por aplicación de la ideología ultraconservadora en ámbitos no directamente económicos como el intento de someter el poder judicial al ejecutivo, el adoctrinamiento en la enseñanza, el control de los medios públicos de difusión, la penalización del ejercicio de los derechos de expresión, reunión y manifestación, el endurecimiento de las prácticas policiales...".