PSOE e IU desdeñan el alegato final del exinterventor sobre los ERE

El alegato del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez sobre los ERE, un intento de exculpar a su departamento en la responsabilidad del fraude, fue recibido ayer con gelidez tanto por el PSOE como por Izquierda Unida. Mientras, el Partido Popular lo utilizó como trampolín para atacar de nuevo al presidente de la Junta, José Antonio Griñán. El documento de Gómez llega tras las críticas de diversos exconsejeros contra él y es un intento in extremis de influir en los diputados de la comisión parlamentaria antes de que esta emita sus conclusiones. Pero sobre todo tiene el trasfondo del caso judicial (en el que previsiblemente Gómez será llamado a declarar).

“Tiene que torear el toro de la comisión, sabiendo que no se lo llevan a los corrales, sino que va a la plaza de toros de la juez. Llegó con un papel tibio intentando contentar a unos y otros. Pero se ha dado cuenta de que no puede ser tibio, tenía que ser rotundo”, ilustran fuentes del caso. Pero rotundo se queda corto. La dureza del informe, que remata su intervención clave ante la comisión, es un ataque frontal contra las tesis del Gobierno andaluz, que se había escudado en que la Intervención no alertó del menoscabo de fondos públicos para seguir pagando el fondo.

Pero Gómez ataca sobre todo a sus exjefes en la Consejería de Hacienda, incluido el presidente y exconsejero José Antonio Griñán, por no haber atajado a tiempo el fraude. “¿Quién no estaría de acuerdo en que habría sido oportuno (oportuno, que no legalmente preceptivo) que el consejero de Hacienda hubiera adoptado medidas para corregir algunas de las importantes deficiencias puestas de manifiesto en las auditorías?”, disparó Gómez.

Está en juego el dictamen final de la comisión, del que IU tiene la llave. Ayer el PSOE destacó su “extrañeza” ante las nuevas declaraciones de Gómez. La portavoz del grupo socialista en la comisión, Antonia Moro, censuró: “Ya compareció y declaró lo que declaró”, restando importancia al texto. “La capacidad de detectar y valorar la gravedad de las irregularidades corresponde a la Intervención General, que tiene la potestad de actuar. En este caso, no se actuó”. Moro incidió en la línea desarrollada por Griñán en su intervención ante la comisión, una crítica velada a la Intervención por no haber emitido el informe de actuación que habría alertado del menoscabo de fondos públicos.

Mientras, IU tiene claro que un alto cargo designado por el Gobierno y con la función de coordinar el control de las cuentas públicas en el Ejecutivo autónomo no puede carecer de responsabilidad política, objetivo de análisis de la comisión. “No me vale que un interventor no haga nada porque había un vacío legal. Que nadie se ampare en un vacío legal. Si los mecanismos de control descubren irregularidades, lo lógico es que actúen, no que digan que no tiene competencias”, subrayó la diputada Alba Doblas.El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, evitó valorar el informe del exinterventor, pero apuntó que este ya tuvo la oportunidad de exponer su opinión a la comisión en agosto.

El texto pretende influir en el dictamen final de la comisión de los ERE

Fuentes del caso destacan la supuesta rigidez con la que actuó la Intervención según su relato actual de las denuncias entre 2003 y 2008 sobre el fondo para empresas en crisis. “Tenía que haber atado cabos ¿Hay que limitarse a lo que dice la ley? ¿Lo que no prohíbe expresamente no hay que hacerlo? ¿Ante una carencia, hay que quedarse de brazos cruzados?”, plantean dichas fuentes.

El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, calificó de “gravísimo” el documento y urgió a Griñán a que explicara la razón de que se le “vuelva a apuntar” en este caso. “No se adoptaron las decisiones que debieron de haberse tomado”, censuró Zoido.

Las luchas intestinas sobre quién debió alertar del fraude, posible gracias al sistema diseñado por la Consejería de Empleo, son solo el primer paso. En el futuro la juez instructora, el fiscal, la Guardia Civil y numerosos informes de parte valorarán hasta qué punto la Intervención actuó de forma diligente o sus informes podrían haber frenado las irregularidades.