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El PSC pide que se clarifiquen y amplíen las competencias de Cataluña

El programa reclama exclusividad en seguridad, justicia, educación, sanidad y vivienda

Patrulla de los Mossos d'Esquadra en una estación de metro de Barcelona.
Patrulla de los Mossos d'Esquadra en una estación de metro de Barcelona.

El programa electoral del PSC propone una reforma de la Constitución para lograr un Estado federal en la que se fijen “reglas claras” que delimiten y amplíen las competencias de las “naciones federadas”, como Cataluña. Los socialistas pretenden acabar así con los conflictos que han caracterizado durante años las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas, y proponen que esa nueva Constitución recoja tres clases de competencias.

Las del Gobierno serían, entre otras, la representación exterior y los tratados internacionales, además de “una parte de la fiscalidad para el mantenimiento del presupuesto federal”. Las competencias exclusivas de las naciones federadas afectarían a derechos básicos, como la educación, la sanidad, la vivienda, la justicia, la seguridad, la lengua y la cultura. Y finalmente habría un paquete de competencias compartidas “que deberían ser las menos posibles” para que el Gobierno federal no pueda intervenir si la Generalitat tiene esa competencia.

El PSC reclama que la nueva Constitución reconozca la identidad catalana dentro de una España definida como un Estado plurinacional, purilingüístico y pluricultural. Los socialistas también piden la reforma del Senado para convertirlo en una Cámara de primera lectura “en asuntos relacionados con los territorios federados” y que tenga menos miembros.

El programa del PSC ocupa 114 páginas y recoge diversas propuestas en todos ámbitos.

Sin euro por receta.  Se apuesta por volver al punto de partida previo a los recortes de CiU. Proponen eliminar el euro por receta y devolver al personal sanitario el poder adquisitivo perdido. El programa aboga por establecer un máximo de 48 horas de espera en visitas programadas para ser atendido por el médico de familia o pediatra. Para acceder al especialista habrá un procedimiento preferente de 15 días y otro ordinario de un máximo de tres meses. No se prolongará más de seis meses la espera para una operación quirúrgica. El diagnóstico rápido de cáncer se extenderá a todos los tipos de tumores para garantizar que el proceso se hace en menos de 30 días.

Pobreza.  El programa pide un pacto nacional contra la pobreza y que se aplique la renta básica de forma progresiva. Los bancos de alimentos se transformarían en tiendas solidarias para potenciar la autonomía de los beneficiarios.

Educación. El PSC se compromete a no volver a bajar los presupuestos de educación y a aumentarlos “tanto como permita la coyuntura económica”. Las guarderías volverán a tener 1.300 euros anuales de financiación pública por plaza.

Seguridad. Los socialistas con muy críticos con Felip Puig y se comprometen a aprobar una ley del espacio público y una de policías de Cataluña para coordinar a los distintos cuerpos. También prometen más recursos materiales.

Justicia. El texto dice que se eliminarán las tasas judiciales que aprobó el Gobierno de Mas, que se abrirá la prisión de Figueres y que se exigirá la creación del Consejo de Justicia.

Economía. Se promete impulsar un acuerdo estratégico para la reactivación económica y el empleo, un plan contra el paro juvenil y constituir y dotar de medios un fondo de transferencia de tecnología para impulsar los avances en I+D de las universidades. También se anuncia la exención del pago de cualquier impuesto durante los dos primeros años a las empresas de nueva creación y la reducción del 50% de las cuotas de la Seguridad Social. El programa anuncia una moratoria en la implantación del impuesto sobre estancias turísticas que aprobó el Gobierno de CiU.

Medio ambiente y sostenibilidad. Entre las medidas destaca el cierre de los reactores de las centrales de Ascó y Vandellòs al acabar su ciclo y no más tarde de 2025, y la creación de un fondo de 1.000 millones para impulsar la eficiencia energética, así como anulación del procedimiento de privatización de Aguas Ter-Llobregat.