Cifuentes sanciona a 50 personas por convocar la protesta del Congreso

La Delegación del Gobierno de Madrid ha abierto un proceso administrativo sancionador a 50 manifestantes que participaron ayer en la protesta para rodear el Congreso por convocar una protesta no comunicada a las autoridades. Los expedientados fueron identificados por la policía durante la manifestación que impulsó la Coordinadora 25-S, cuyo objetivo era protestar contra los Presupuestos Generales del Estado de 2013 que se debatían en el hemiciclo. En el primer acto de este movimiento, rodear el Congreso el 25-S, un simpatizante, Rafael-Óscar González Regueira, decidió informar de la protesta a delegación, que le sancionó con 6.000 euros.

La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, ya había avanzado a primera hora de la mañana en declaraciones a Radio Nacional de España que abrirían expedientes a los convocantes porque la manifestación no se notificó en la Delegación, tal y como recoge el artículo 23 de ley de protección de la seguridad ciudadana. Cifuentes ha señalado que la concentración era "ilegal" en tanto en cuanto no se había comunicado "como marca preceptivamente la ley" y, "en consecuencia, se aplicará lo que la propia ley establece", es decir, abrir un expediente administrativo sancionador "a las personas que la convocaron y a los promotores", esto es, la Coordinadora 25-S.

Varios miembros de la coordinadora consultados por este periódico se preguntan quiénes serán los afectados en esta ocasión y recuerdan que en este movimiento "no hay organizadores, sino participantes". La Policía identificó a algunos de los manifestantes que se congregaron a las cinco y media de la tarde en la Cuesta del Moyano, cerca de Atocha. Felícita, integrante de la coordinadora que asistió a la convocatoria y que no quiere revelar su apellido, lamenta que las declaraciones de la delegada "empañen" una protesta que se desarrolló sin incidentes. A diferencia de los disturbios con los que se estrenó el colectivo —ese día hubo 64 heridos y 35 detenidos—, en la protesta de ayer no hubo altercados, ni heridos ni arrestados. "La relación con la policía fue buena, las asambleas se desarrollaron sin problemas y la gente fue abandonado la plaza sin que ocurriera ningún percance", asegura esta pensionista de 58 años. "Es una pena que Cifuentes quiera empañar la convocatoria con las amenazas de sanción", añade. La delegada ha declarado, por su parte, que el único incidente "puntual" fue la quema de un contenedor. El Ministerio de Interior movilizó a 600 agentes antidisturbios para garantizar la seguridad del hemiciclo.

Por cuarta vez en un mes, miles de manifestantes se congregaron en el Congreso para protestar contra el Gobierno. Aunque menos numerosos que en anteriores concentraciones alrededor del Parlamento, los congregados celebraron asambleas sobre los Presupuestos y sobre cómo iniciar un proceso constituyente, uno de sus objetivos. También prendieron de las vallas carteles con frases como “que la Constitución no se puede cambiar cada 25 años es como creer que la Tierra es de los muertos”.

"Estamos muy contentos con la convocatoria de ayer porque vemos que la inteligencia colectiva va funcionando. El pasado 25-S, cuando intentamos rodear el Congreso, hay que reconocer que en algunos momentos nos encaramos con la policía porque no nos dejaron acceder al mismo por las calles aledañas, a pesar de haberles explicado que nuestra intención era rodearlo, no alterar su funcionamiento. Ayer hicimos lo mismo pero ante la negativa de los agentes nos dimos la vuelta. No hubo actos violentos", explica una indignada que no quiere revelar su identidad.

Uno de los abogados de la Coordinadora que prefiere mantenerse en el anonimato ha criticado las palabras de Cifuentes: "Habría que ver si es de recibo sancionar la reunión de un grupo de personas que se reúnen de forma pacífica e intentando buscar una salida a la crisis. Lo que la delegada se ha propuesto es criminalizar a los movimientos sociales". La Coordinadora 25-S ha anunciado que volverá a protestar alrededor del Congreso el próximo sábado. La delegada del Gobierno confía que "se convoque por la vía legal". Pero la coordinadora avisa de que no van la van a comunicar. "No vamos a notificar la convocatoria del sábado a la Delegación porque nuestras acciones son de desobediencia civil", sentencia.