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Pelotazo de 120 millones y seis apaños no menores

Ortiz acaparó suelo protegido para permutar por urbano y planteó recalificar el campo del Hércules

Enrique Ortiz.
Enrique Ortiz.

El presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor de Enrique Ortiz habría alcanzado en el mercado 120 millones. Este sería el beneficio del empresario en concepto de plusvalías con el trasvase de la edificabilidad asignada a zonas calificadas como parques naturales a áreas urbanas, según el sumario de Brugal. A este macropelotazo verde, el promotor pretendía sumar la recalificación y apaños no menores en otras seis áreas de la ciudad donde posee suelo. Las más destacadas son el estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules CF (el equipo y el campo son suyos) y la modificación del Plan Rabassa para instalar Ikea.

El instructor de esta causa, Manrique Tejada, en su escrito enviado al TSJ destaca que Ortiz hizo valer su “influencia y amistad” con los dos alcaldes del PP y diputados autonómicos, Sonia Castedo, y Luis Díaz Alperi, para lograr datos secretos del PGOU en los que tenía interés.

Tejada alude al afán de Ortiz por acaparar suelo protegido y dice: “Respecto al beneficio económico de la revisión del planeamiento el mismo se podía obtener no solo por la posible compra de suelo no urbanizable reclasificado en urbanizable, sino también por la adquisición de suelo no urbanizable reclasificado como parque natural y su adscripción a una u otra zona de suelo urbanizable”.

El supuesto trato de favor de Castedo y Díaz Alperi a Ortiz se fraguó en la recta final del trámite del PGOU, a partir de marzo de 2008 y antes de la primera aprobación provisional del documento por parte del Ayuntamiento, en mayo de 2010. El planeamiento aún no ha sido validado por el Consell.

El informe de la policía asegura que a partir de marzo de 2008 Ortiz puso en funcionamiento a todos sus técnicos y asesores para acaparar suelo protegido en distintas zonas de la ciudad, pero especialmente en la partida de Fontcalent y en el humedal de Agua Amarga. “Es un disparate. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas (120 millones)”, comentó Ortiz en una escucha.

La policía sostiene que la edificabilidad de esos parques la trasvasaría al sector de Torres de la Huerta, donde es el propietario hegemónico del suelo urbano a través de la firma Deproinmed, participada por Ortiz y Bancaja. En esta zona el PGOU prevé 16.000 viviendas. La policía concluye que Ortiz pretendía adscribir los aprovechamientos urbanísticos de 700.000 metros cuadrados del humedal a Torres de la Huerta. La segunda zona donde Ortiz puso los ojos fue en la sierra de Fontcalent, donde compró 1,7 millones de metros.

En la operación de acumulación de suelo verde, la policía mantiene que Ortiz, además de los datos secretos que le facilitaban Castedo y Díaz Alperi, contó con el valioso concurso del despacho Salvetti Abogados, propiedad de los abogados urbanistas José Luis Castedo (hermano de la regidora) y el exedil del PSOE Javier Gutiérrez. Ambos abogados están imputados.

En paralelo a la compra de suelo protegido, el fiscal Anticorrupción —en una tesis también asumida por el juez— acusa a la alcaldesa de “diseñar y resolver” a la medida de Ortiz aspectos relevantes del PGOU. Briones destaca el “apaño” de los planes de Lomas de Garbinet, APA-9, PAU 3, la recalificación de tres pacerlas propiedad del promotor y, sobre todo, la reforma del estadio Rico Pérez.

De esas operaciones, la de mayor calado y más polémica fue el intento de recalificar el suelo del Rico Pérez. El fiscal habla de un “pacto velado” entre la alcaldesa y Ortiz para reformar el campo en beneficio de los intereses del empresario. El promotor había recomprado el campo al Ayuntamiento en 2007 por 7,2 ante la expectativa de una futura recalificación, según la policía.

Las conversaciones grabadas por la policía entre Ortiz y Castedo rebosan alusiones directas a trasvases de planos y datos del PGOU, y comentarios sobre el desarrollo de los proyectos que afectaban al promotor, como “Tú mandas”, “Te llevo los planos”, o “Te ha apañado del APA 9 y también lo del Rico Pérez”.

El sumario, por último, recoge numerosas grabaciones sobre un supuesto trasvase de información privilegiada para ubicar Ikea en el plan Rabassa. El programa prevé la construcción de 13.000 casas y fue adjudicado a Ortiz. Las obras para las viviendas siguen sin comenzar tres años después, pero los trámites para ubicar Ikea, impulsado por la alcaldesa, sí avanzan.

Castedo ha negado desde el primer momento que Ortiz se haya beneficiado con el nuevo PGOU y esgrime que con el nuevo PGOU el empresario pasa de controlar el 70% del suelo de la ciudad al 30%.

Enrique Ortiz es el primer empresario de Alicante. Es con la llegada de Díaz Alperi a la alcaldía en 1995 cuando comienza el irresistible auge de su imperio. Desde el escaparate de la presidencia del Hércules siguió añadiendo metros y metros a su bolsa de suelo, y se convirtió en el primer contratista del Ayuntamiento.