El PSPV pide reprobar a Cotino por retirar una iniciativa del Congreso

La producción legislativa de las Cortes Valencianas es de vuelo corto. El debate raramente sale de lo táctico, con un grupo mayoritario, el PP, atrincherado en el uso discrecional del reglamento y una oposición centrada en el desgaste. Un objetivo, este último, en el que los socialistas han encontrado munición de sobra con la decisión “unilateral” del presidente del Parlamento, Juan Cotino, de pedir al Congreso de los Diputados que retirara del orden del día el pasado día 9 el debate de una iniciativa de las Cortes Valencianas para garantizar las inversiones del Estado. “Cotino no es quién para pedirlo sin que se haya votado”, señaló el portavoz socialista, Antonio Torres, que anunció que su grupo pedirá su reprobación. Para el portavoz del PP, Jorge Bellver, el presidente de la Cámara “no ha retirado nada, sólo pidió un aplazamiento”. El asunto de fondo es que la persona encargada de defender la propuesta era Rafael Blasco, hoy imputado por corrupción. Y había que evitarlo.

Esquerra Unida pretendía reprobar a otra de las piezas marcadas por la corrupción en el Grupo Popular, la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica Sonia Castedo, que el viernes declarará ante el TSJ por el supuesto amaño del PGOU. Los populares rechazaron ayer en la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces tramitar la proposición no de ley. De paso, también impidieron la tramitación de preguntas a consejeros del Gobierno de Alberto Fabra sobre los contratos con el constructor Taroncher. El diputado Ignacio Blanco lo achacó a que “afectan a Serafín Castellano”, que los adjudicó a su amigo cuando era consejero de Sanidad. Mientras tanto, Marga Sanz, la portavoz de la coalición de izquierdas, anunciaba sobre el rechazo de la reprobación a Castedo: “Recurriremos esta arbitrariedad del PP”.

También Compromís fue víctima de la interpretación del reglamento y, como explicaron sus diputados Enric Morera y Juan Ponce, se les denegó la posibilidad de preguntar por qué el Consell rechaza entregarles las encuestas que encarga. “Los estudios demoscópicos existen, pero no nos los dan”, se quejó Morera.

Saben en Compromís, gracias al sondeo de Metroscopia para EL PAÍS publicado el 9 d’Octubre, que por primera vez en mucho tiempo hay una mayoría de izquierdas. Tal vez por eso el PP ha vuelto a esgrimir sus viejos tics anticatalanistas. Jorge Bellver defendió con énfasis una proposición que presentará en el pleno de la semana que viene contra “la injerencia y la falta de respeto” que supone un acuerdo del Parlamento de Cataluña que insta a garantizar la enseñanza del catalán tanto en aquel territorio como en el País Valenciano y Baleares. “No estamos azuzando fantasmas”, puntualizó Bellver, que insistió: “La defensa de nuestras señas de identidad no es ninguna maniobra de camuflaje de nada”. Y añadió que pretende dar oportunidad a la oposición de pronunciarse: “Los valencianos tienen derecho a saber en qué ámbito se mueve el hipotético tripartito valenciano”.

Ante la pregunta de si no tienen los valencianos derecho a saber también qué resultados ofrecen sobre el “hipotético” tripartito los sondeos que encarga la Generalitat con dinero público, el portavoz popular justificó que se hubiera rechazado la pretensión de Compromís al reclamarlos y sentenció: “El Consell ha de dar conocimiento de los estudios demoscópicos y lo hace”.

A diferencia de lo que ocurre con el Euskobarómetro que elabora la Universidad del País Vasco; con el CIS, a nivel estatal; o el Centre d'Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya, las encuestas del Consell no se hacen públicas.