Los dependientes rodean las Cortes con su desesperación

Una marea de personas con discapacidad, acompañados de familiares y trabajadores de los centros a los que acuden inundó ayer la calle de Navellos hasta rodear la entrada de las Cortes valencianas. El motivo: las deudas que la Generalitat mantiene con el sector de la dependencia, en torno a 50 millones de euros, que en algunos casos se remontan al año 2010. Y que ha conducido a que centenares de empleados de centros ocupacionales, centros de días, residencias, centros tutelados, centros especiales de empleo, colegios de educación especial y colegios de atención temprana —para niños de cero a tres años— lleven hasta medio año sin cobrar la nómina. Muchos ven cada vez más cerca el cierre, según los convocantes, que calculan que el sector da empleo a 8.000 trabajadores y atiende a 30.000 personas.

“Hubiéramos preferido estar hoy en nuestras casas o en nuestros centros, pero cada vez es más difícil porque nuestros servicios van siendo cada vez más un recuerdo. Nuestro grito hoy es ‘no’: No queremos desaparecer. No es posible que no haya dinero para esto si hay para otras cosas”, dijo Daniel Pla, miembro del patronato de Feaps, la federación de asociaciones en favor de personas con discapacidad intelectual.

El colectivo ha protagonizado numerosas protestas en los últimos tiempos. La de ayer fue sin embargo, probablemente, la más numerosa y la más desesperada. “Discapacidad en lucha”, “Soy discapacitado, no tonto”, se leía en las pancartas de los manifestantes, muchos de los cuales iban en sillas de ruedas, caminaban del brazo de familiares, o eran niños.

Una delegación de la Mesa por la Discapacidad entregó en las Cortes una carta dirigida a su presidente, el popular Juan Cotino, y a los grupos parlamentarios para que instasen a la Generalitat a cumplir los compromisos. Ante la acumulación de personas frente a la Cámara, la presidencia decidió cerrar la puerta, lo que avivó la protesta de los concentrados y despertó críticas de los partidos de la oposición.

Las puertas se reabrieron y la tensión subió momentáneamente. Decenas de discapacitados y familiares se acercaron casi hasta el umbral mientras varios policías permanecían de pie, bloqueando la entrada. La marcha se desplazó a la plaza de la Virgen de Valencia, donde celebraron una asamblea.

La mayor parte de centros de atención son gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro, sobre todo asociaciones que pusieron en marcha en su día padres de afectados. A los impagos de la Generalitat se añaden los efectos de la crisis económica, que limitan la capacidad de numerosas familias para compensar la evaporación de ayudas públicas.

En esa situación se encuentran María García, de 54 años y Gabriel Martínez, de 53. Ambos están en paro. Ingresan menos de 800 euros al mes y pagan 500 de hipoteca. Con el resto, alguna ayuda de sus padres pensionistas y comida de un banco de alimentos, viven ambos, su hijo David —un chaval de 21 años con síndrome de Down— y su hija, estudiante de FP.

La Cámara ordena cerrar las

Al centro al que va David, el Francisco Esteve de Paterna, la Generalitat le debe casi un millón de euros. “Los trabajadores llevan casi cuatro meses sin cobrar. Y el comedor sigue abierto porque los proveedores están aguantando sin cobrar”, cuenta María. La plaza en este centro es la forma en la que David se beneficia de la Ley de Dependencia. Mientras siga abierto.

“Los padres están muy preocupados, porque hay un riesgo muy real de cierres. Y ven que a sus hijos, que tienen algún tipo de discapacidad y en ocasiones enfermedades mentales asociadas, se los van a mandar a casa, 24 horas al día, sin la atención especializada que necesitan”, dice Ángel Bonafé, presidente de Copava, la coordinadora de centros ocupacionales.