Los nuevos movimientos sociales conviven con las entidades tradicionales

Con 83 primaveras, Joan Navarro ha vuelto a la calle. Con bastón: “Viví la guerra, la posguerra, el franquismo, la transición… luché para conseguir democracia y Estado del Bienestar y ahora se lo quieren cargar todo”. Es fácil reconocer a Navarro tras la pancarta de los #iaioflautes, el ala senior del movimiento 15M. “Jamás” pensó que volvería a la calle “para defender cuestiones básicas”. Él, que desde la asociación de vecinos del Turó de la Peira, en Barcelona, en los años setenta se partió la cara para que el barrio tuviera escuela. La aparición de un colectivo de jubilados que dedican el tiempo que no tienen otros a echar una mano donde haga falta ilustra como el alcance de la crisis origina nuevas formas de organización, activismo y ayuda mutua. Unos movimientos sociales que conviven con las clásicas asociaciones, el denominado tercer sector (7.500 entidades con 100.000 trabajadores y 245.000 voluntarios) y organizaciones de carácter fundamentalmente asistencial que tienen una fuerte dependencia de las ayudas de la administración, pero que atienden a 1,7 millones de personas.

De aparición reciente son también las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), respuesta al drama de miles de familias en paro (el 22%, casi 800.000 personas) que no pueden pagar las cuotas. En España hay 517 ejecuciones hipotecarias al día, una situación que las PAH palian con “un mix de asociacionismo clásico y asamblearismo que se basa en una organización horizontal, con objetivos muy claros, y con acción”: los afectados son también activistas y se ayudan unos a otros. Lo cuenta Ada Colau, la cara más conocida de la plataforma de Barcelona, que recuerda que las PAH no se explican sin una trayectoria de lucha por la vivienda digna que empezó cuando se producía asedio inmobiliario a los inquilinos y explotó con la burbuja que disparó los precios. Colau resalta la crítica de las plataformas “a un modelo injusto” y reprocha a las entidades asistenciales su “complicidad con las instituciones, sus políticas sociales de no confrontación, que pongan parches sin cuestionar las reglas del juego”.

El trabajo de movimientos ciudadanos como la PAH –enfrascada en una Iniciativa Legislativa para cambiar la ley hipotecaria- no es una anécdota. Cobra importancia cuando las asociaciones tradicionales o el mismo Gobierno catalán les han ido a rueda, como han hecho la Generalitat y Cáritas, que han creado oficinas para atender a familias amenazadas de desahucio. En Cáritas están alarmados con la que les viene encima: son la puerta a la que los más necesitados llaman en primer lugar, incluso antes de llamar a la del Ayuntamiento, y nunca habían atendido a tanta gente. Usuarios que se les multiplican por el paro y los recortes de la administración, una administración que también recorta su presupuesto.

El director de Cáritas en Barcelona, Jordi Roglà, está preocupado: “Estamos jugando un rol de sustitución del Estado del Bienestar a medida que éste adelgaza. Hoy el verdadero cojín social son las familias, pero cuando las familias no puedan más, la fractura social será muy grande”. ¿Les angustia esta situación? “Claro que sí, pero no podemos perder la serenidad, no somos sustitutos del Estado del Bienestar”, recuerda. Cáritas focaliza sus esfuerzos en el servicio de mediación para evitar desahucios –a menudo, la ayuda consiste en pagar cuotas–, un proyecto para mejorar la ocupabilidad de familias en paro y un tercero contra la pobreza hereditaria, la que afecta a uno de cada cuatro niños en cuyos hogares los ingresos están por debajo del umbral de la exclusión.

No solo en Cáritas alertan de la pobreza infantil. También lo hacen en Cruz Roja, en la FEDAIA y en la Taula del Tercer Sector. El director de la FEDAIA (Federación de Entidades de Atención y de Educación a la Infancia y la Adolescencia), Jaume Clupés, habla con la dureza de quien conoce el problema: “La nueva pobreza comprende a tres generaciones y la de los niños es invisible. Se habla de pobreza general, adulta, de paro, pero detrás hay miles de chavales, en proceso de crecimiento, que están atrapados en la angustia de sus padres, justo cuando necesitan estabilidad emocional, poderse concentrar y que su entorno les de seguridad”. Clupés augura “una generación muy dependiente de los servicios de salud mental, con trastornos que no veíamos, niños que no tienen una convivencia con sus padres o una alimentación normales”.

Desde Cruz Roja, su presidente, Josep Marqués, asegura que la entidad lleva unos meses “actuando en emergencia permanente” y atendiendo perfiles que nunca habían visto. “Cuesta mucho gestionar la angustia de no ser responsable, pero sí ser la puerta donde llaman estas familias”, reconoce. Ante esta “emergencia” y el descenso de subvenciones, las entidades llevan tiempo enfrascadas en un debate interno sobre su financiación. “Tendremos que actuar con más fondos propios”, dice el presidente de Cruz Roja. Clupés exige “imaginación, que las administraciones no se encierren en el discurso de que no hay dinero y que hagan prevención, porque la brecha entre ricos y pobres se dispara”. Le preocupa “la tendencia a destruir servicios y partidas sociales en el momento de más necesidad”. Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer Sector, reivindica el papel de las entidades y exige un mayor reconocimiento: “Somos un agente socioeconómico de primer orden, el tercer sector también es sector y motor económico”.

Con todo, y lo reconocen sus responsables, la dependencia de la administración ablanda sus discursos. Unas administraciones que por un lado son fuente de financiación y por otra de ciudadanos a quienes dejan de atender. Esa es una de las grandes diferencias con los nuevos movimientos sociales. Jordi Mir, del centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, lo analiza: “Las organizaciones tradicionales son casi institucionales porque en tiempos de disponibilidad presupuestaria hicieron un camino de relación con la administración que les distanció de la sociedad civil de la que habían surgido”. Mir entiende que “la implicación de las administraciones fue un éxito” pero que ante los recortes y los nuevos retos, “comenzarán a tener peso otro tipo de organizaciones con otra financiación que responden a la falta de respuestas y se organizan de forma más horizontal y participativa”.

Mir cita a las PAH como ejemplo de estas “otras organizaciones”, que también son redes de apoyo mutuo en los barrios. “Se basan en la participación de ciudadanos para los que la diferencia entre lo que es legal y lo que es legítimo no tiene la importancia que tenía”, subraya. ¿Es legal que los #iaioflautes entren sin pagar en autobús para denunciar la subida de precio del transporte público? ¿Es legítimo? ¿O que un grupo de afectados por las participaciones preferentes ocupe una oficina bancaria? El experto advierte de algunos interrogantes. “¿Estos espacios más espontáneos tendrán la solidez y conocimiento de las asociaciones tradicionales”?. Y señala la paradoja de que algunas de estas iniciativas sean cuestionadas por organizaciones que en su día construyeron la democracia, como partidos y sindicatos.

Algunas asociaciones ya están viviendo el tránsito. Ocurre en la asociación de vecinos de l’Òstia, en la Barceloneta (Barcelona), inmersa en el reto de “evolucionar hacia nuevas formas de actuar” en las que los integrantes de toda la vida son “referentes capaces de transmitir su experiencia, al tiempo que son permeables a nuevas formas de actuar, con la red como elemento determinante”. Lo explica Gala Pin, implicada en una asociación que responde al nuevo perfil. Cuenta, por ejemplo, como la implicación de los vecinos con la entidad no tiene por qué pasar por la participación semanal en una reunión, sino en aportar conocimiento de forma puntual. “¿Quién puede analizar este plan urbanístico?”, pregunta la asociación en Facebook y siempre hay un vecino arquitecto o un experto dispuesto a hacerlo. “Nos enfrentamos a años de resistencia y el reto es volver a articular un discurso contra el capitalismo pero ofreciendo alternativas”, augura Pin, convencida de que “hay un tejido social que puede aflorar a través de la red, una gran herramienta de colaboración para encontrar soluciones”. El descenso de ayudas públicas a las asociaciones clásicas puede empujar el tránsito a otras estructuras, aunque sea porque no hay más remedio.