El juez vuelve a ordenar que Ginés Jiménez se reincorpore a su puesto
El alcalde, Raúl López (PP), ofrece al exjefe de la policía a otros ediles, lo que provocó una carcajada general en la Comisión Ejecutiva de la Federación Madrileña de Municipios

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Madrid ha comunicado al Ayuntamiento de Coslada, encabezado por su alcalde, Raúl López Vaquero (PP), que reincorpore al exjefe de la policía local de este municipio Ginés Jiménez, tal y como acordó en un auto firmado el pasado 18 de julio: "Se acuerda requerir al Ayuntamiento para que de forma inmediata reincorpore al recurrente, puesto que los autos dictados en pieza separada de medidas cautelares sólo son apelables en un solo efecto, por lo que, pese a que se interponga recurso, se debe ejecutar lo ordenado en la resolución". Esta es la segunda ocasión en la que el juez ordena el reingreso de Jiménez, que amenaza con denunciar al regidor.
De esta forma, el magistrado da la razón a Ginés Jiménez, que ha solicitado su reincorporación en su puesto de oficial de la policía municipal, de la que fue apartado de forma temporal tras ser detenido en 2008 con motivo de la operación Bloque, en la que también fueron arrestados una veintena de subordinados de Jiménez, a quien la investigación policial atribuía la dirección de una asociación ilícita compuesta por funcionarios públicos cuya mayoría vivía en un bloque de casas en Coslada. La juez Mercedes Gutiérrez Suárez, en calidad de sustituta del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, ha archivado el delito de asociación ilícita, por lo que ya no se puede hablar de la existencia de una banda organizada en torno a Ginés Jiménez.
La decisión del magistrado de lo Contencioso fue comunicada al Ayuntamiento tan solo un día después de que el alcalde de Coslada, Raúl López Vaquero, ofreciera, en el seno de la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Federación Madrileña de Municipios, compuesta por 26 alcaldes y concejales de la región, la posibilidad de que Ginés Jiménez ocupara una vacante fuera de su municipio: "¿Alguien necesita un oficial de policía?", preguntó López Vaquero ante la incredulidad del resto de ediles, que no pudieron resistir la carcajada que fue casi generalizada, según varios testigos presenciales de la reunión, en la que participó el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
El exjefe de la policía de Coslada no está dispuesto a incorporarse en ningún otro puesto ni en otro municipio, tal y como explica en dos escritos presentados hoy en el registro del Consistorio, en los que advierten que el alcalde y el concejal de Personal, Emilio García Grande, "se están negando abiertamente" a cumplir las dos ordenes judiciales". Recuerdan en los documentos "la obligatoriedad que tienen de incorporarle en su puesto de trabajo y en su plaza que tiene en propiedad y como funcionario de carrera", informándoles de que cualquier otro puesto, funciones o destino supondría "una ilegalidad y un incumplimiento de las resoluciones judiciales".
Este documento indica que la reincorporación de Jiménez debe ser como oficial y en el cuerpo de policía local: "No hay más interpretaciones sobre cualquier otro destino o funciones que se pretenda buscar o inventar por parte del Ayuntamiento", indica el exjefe de los municipales. Ginés Jiménez Buendía, relata también que no ha solicitado ninguna comisión de servicios, ni se ha presentado a ningún concurso de méritos, ni ha opositado a otro concurso-oposición, ni de responsable del plan de emergencias y catástrofes ni de ninguna otra área municipal. La Administración de Justicia le ha incorporado a su plaza que tiene en propiedad y como funcionario de carrera, con su puesto, destino y funciones claramente establecidas por la legislación vigente".
Cualquier otro intento de apartarle de su puesto, destino y funciones ordenados por el juzgado, explica Jiménez en los escritos presentados en el Consistorio, serían denunciados de inmediato al propio juzgado que ha dictado las resoluciones de incorporación: "Y también por la vía penal por negarse abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación, todo ello con premeditación y alevosía puesto que el incumplimiento del auto y la intencionada demora los ha estado anunciando más de dos meses en los medios de comunicación".
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