Un subinspector de policía, condenado a 10 años de cárcel por violación

El subinspector de policía Antonio Izquierdo, de 40 años, ha sido condenado a 10 años de prisión por la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid al considerarle culpable de tres delitos de abusos sexuales sobre otras tantas mujeres extranjeras. El fallo recoge que el agente, destinado en el Ministerio de la Presidencia, utilizó su placa profesional para obligar a sus víctimas a mantener relaciones sexuales no consentidas. A ellas tendrá que indemnizarlas con 27.000 euros.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pedro Javier Rodríguez González-Palacios, considera demostrado que el condenado abordó a la venezolana María Margarita S. G., de 31 años el 16 de junio de 2010 en la confluencia de las calles de Piñeiro y Aranjuez, en la capital. Tras exhibirla su placa reglamentaria, le dijo que tenía que trasladarla inmediatamente a comisaría ya que no tenía permiso de residencia. La acompañó a su domicilio, en cuyo interior le soltó frases obscenas. Después la agredió sexualmente.

La siguiente agresión sexual se produjo el 7 de marzo de 2011, cuando se encontraba en las inmediaciones de su domicilio. Allí se acercó a Miriam Elena S. T., ecuatoriana de 24 años. Tras mostrarla la mujer una denuncia por sustracción de la tarjeta de residencia, la obligó a ir a su casa bajo el pretexto de que quería comprobar la veracidad del documento. El condenado ya comenzó a tocarla de forma lasciva en el ascensor. Ya en el domicilio, vio que estaba la madre de Miriam dando el pecho a su hijo de meses. Echó a la joven y comenzó a tocar a la progenitora. Esta se levantó y le echó de la casa.

Izquierdo fue detenido el 21 de marzo de 2011 cuando pidió la documentación de nuevo a María Margarita en un establecimiento de la calle de Bravo Murillo. La mujer le reconoció como la persona que le había agredido sexualmente hace meses, por lo que solicitó ayuda al vigilante de seguridad de la tienda y a la Policía Municipal que patrullaba por la zona.

La sección 6ª de la Audiencia Provincial ha tenido en cuenta en su sentencia el relato continuo y sin contradicciones que han mantenido las víctimas a lo largo de toda la instrucción del caso. "Esta declaración testifical de la víctima es creíble pues el procesado y la víctima no se conocían, por lo que no puede hablarse de un móvil de resentimiento o enemista y resulta también verosímil, dada su contundencia y claridad", recoge el fallo. A ello se han unido las pruebas de ADN efectuadas por el servicio de Criminalística de la Guardia Civil que han corroborado que el semen hallado en unas prendas de las víctimas corresponden al subinspector de policía.

Los jueces han aplicado la atenuante analógica recogida en el artículo 21.7 del Código Penal por anomalía o alteración psíquica, ya que Izquierdo sufre "un trastorno mixto de la personalidad, con rasgos esquizoides y compulsivos" que afectan levemente a su capacidad volitiva. También le aplican otra atenuante, la de reparación del daño, ya que el condenado depositó 30.000 euros para hacer frente a la responsabilidad civil derivada de la causa. Esta cantidad supera la fijada por los jueces en 27.000 euros. Por ambos motivos, le condenan a nueve años de cárcel por un delito de violación y a seis meses por cada uno de los abusos sexuales, además del pago de las costas procesales.

El Estado ha sido condenado como responsable civil subsidiario, ya que Izquierdo utilizó su placa reglamentaria para abordar y abusar de sus víctimas: "Los delitos se cometieron en el marco de las funciones propias de su profesión, al solicitar la documentación de extranjeros para comprobar su situación en nuestro país, y que utilizando de forma indebida su función pública (prevaliéndose de la misma) cometió los delitos objeto de enjuiciamiento, por lo que el Estado debe hacerse cargo de las consecuencias que se derivan del peligro creado, al existir una situación de dependencia entre el autor del hecho delictivo y el ente en el que está integrado".