Hernández reforma la Axencia de Infraestruturas al año de crearla

El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, ha decidido reformar el contenido y la estructura de la Axencia de Infraestruturas pese a que aún no ha pasado un año desde su creación. Los cambios, que se comenzaron a tramitar a principios de agosto, antes de que el presidente Feijóo decidiese adelantar las elecciones, podrían no llegar a materializarse en lo poco que resta de gobierno, pero el hecho de cambiar la estructura de un ente que se aprobó oficialmente en septiembre del pasado año evidencia que su funcionamiento es mejorable.

Entre las modificaciones que se promueven para la Axencia de Infraestruturas se encuentra la prometida integración en ella de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI), ente paralelo de la Administración gestado en 1997 por Fraga y que acomete obras públicas por encargo de diversas consellerías. Cuando se inició la creación de la Axencia y se integró en ella a Aceousa, la empresa pública que gestionaba la autovía Lalín-Ourense, la Xunta y el PP argumentaron que, pese a su promesa electoral, la SPI no podría seguir el mismo camino de fusión porque habría que devolver a Hacienda 20 millones de euros en concepto de IVA de cuyo pago había sido eximida la sociedad.

Año y medio después de que se argumentase ese coste económico como motivo para no disolver la SPI sino simplemente adscribirla a la nueva Axencia, la Xunta retoma su integración. El 6 de agosto inició la exposición al público del decreto por el que se integrará la SPI en la Axencia y se reformará a su vez la estructura de esta última argumentando que con la operación se ahorrará “1,5 millones por legislatura”.

Al día siguiente este diario preguntó al Gobierno gallego si la operación implicará la devolución de los citados 20 millones, a lo que la consellería se limitó a contestar, 16 días después, que cuando en 2010 se inició el proceso de integración “se observó que había una problemática de IVA”, que “se ha seguido trabajando” en otra solución y que “finalmente, se observó que es viable y posible financieramente” integrar la SPI en la Axencia. Ante la ambigüedad de la respuesta, en la que no se aclaraba si habrá que devolver los 20 millones, se le volvió a repreguntar expresamente a la consellería por el pago sin que haya dado ninguna explicación.

Otro de los cambios en la Axencia afecta a su estructura, en la que se diluirá algo más el departamento encargado de la seguridad vial. En el primer borrador de estatutos de la Axencia, no se le atribuía rango de subdirección general, o de área de gestión en la nomenclatura equivalente del nuevo ente, como había prometido el PP. Tras las críticas de asociaciones como Stop Accidentes, los estatutos lo corrigieron y crearon cuatro áreas de gestión, una de ellas con el nombre expreso de Seguridad Vial y con dos servicios a su cargo, el de Seguridad Vial y Conservación y el de Explotación.

La Xunta reduce de cuatro a tres las áreas de gestión y amplía a cambio de 11 a 12 los servicios que dependen de ellas. El cambio de un área por un servicio supone, según Infraestruturas, “un ahorro de 52.000 euros”. El Área de Seguridad Vial ahora se denominará Área de Construcción, Explotación y Seguridad Vial.

Los cambios afectan a las áreas antes denominadas de Seguridad Vial y de Obras, que se integran en una sola, y a los servicios adscritos al Área de Contratación, pero sigue intacta el Área de Planificación pese a que ha incumplido los objetivos que se le marcaron hace un año. En este tiempo no ha sido capaz de impulsar el Plan de Estradas de Galicia, que el contrato-programa de la Axencia le obligaba a aprobar en marzo de este año. Al frente de la Axencia de Infraestruturas continúa Ethel Vázquez, imputada en la Operación Campeón, al igual que dos de sus altos cargos, Mateo Maigler y Antonio López.