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Barcelona impone el doble de multas a las prostitutas que a los clientes

El Ayuntamiento no clarifica a cuántas prostitutas se les ha cambiado la multa por programas de reinserción

Tres trabajadoras sexuales en los alrededores del Camp Nou.
Tres trabajadoras sexuales en los alrededores del Camp Nou.

La modificación de la ordenanza de civismo que prohibió la prostitución callejera en Barcelona partía de una premisa: con el cambio se perseguiría más al cliente. Sin embargo, casi un mes después del cambio se sigue multando más a las meretrices que a quienes las buscan. Así lo demuestran las cifras del balance que ayer presentó el gobierno de la ciudad durante la reunión de la Comisión de Presidencia. “No podemos cambiar las cosas de un día para otro”, aceptó la regidora de Mujer y Derechos Civiles, Francina Vila (CiU).

Desde la entrada en vigor de la modificación, el 18 de agosto, hasta el pasado lunes, los agentes de la Guardia Urbana impusieron 204 multas a trabajadoras sexuales y 112 a clientes. Fuentes del Consistorio aseguran que es muy pronto para evaluar la medida y ven “un cambio de tendencia”. Las sanciones a los que buscan sexo de pago aumentaron un 154% con respecto al mismo periodo del año anterior, explicó una portavoz, y a las prostitutas, un 61%.

La oposición en el Consistorio volvió a cargar contra la modificación, pactada por CiU y PP, que entre otras cosas retira el preaviso de la Guardia Urbana. La edil Sara Jaurrieta (PSC) criticó que, a pesar del veto, “la imagen en Ciutat Vella no es muy diferente". Iniciativa y Unitat per Barcelona recordaron su voto en contra.

El Ayuntamiento no aclaró cuántas de las 204 multas impuestas a mujeres que ofrecen servicios sexuales han sido conmutadas por la participación en los programas que ofrece el Plan de Abordaje Integral del Trabajo Sexual (Abits). Esta era otra de las novedades de la modificación de la ordenanza y es el argumento sobre el que pivota “la mayor protección a las prostitutas” que pregona el gobierno encabezado por Xavier Trias. Las multas para ellas van entre 100 y 300 euros por ofrecer sexo en lugares que estén cerca de centros educativos.

La síndica de Barcelona: "Esta ordenanza no soluciona nada"

Una portavoz explicó que se está terminando de ajustar el mecanismo para que el Instituto Municipal de Hacienda —encargado de la recaudación— descarte las sanciones si se realizan las actividades que ofrece la agencia. “No son simples cursos, se trata de itinerarios de reinserción sociolaboral de larga duración que incluyen charlas, formación y también algunas ayudas de los servicios sociales”, explicó una portavoz.

Según el protocolo, las trabajadoras sexuales que lo deseen —y en teoría las que tengan una sanción— son derivadas al Abits por las ONG que trabajan la problemática. Para poder participar de la oferta de la agencia, se les abre un expediente, se les diseña un plan de acuerdo con sus necesidades y se le hace seguimiento. El presupuesto del Abits se ha incrementado un 67% este año. Desde el año 2007 hasta septiembre del año pasado —las últimas cifras disponibles—, el Abits abrió 937 expedientes a mujeres y transexuales que acudieron en busca de ayuda, de los que 386 permanecían activos en esa fecha. Según Vila, seis mujeres han solicitado la apertura del expediente desde el cambio de la ordenanza.

La asociación en defensa de los derechos de la mujeres Genera ve con buenos ojos los programas que ofrece el Abits, pero considera que “sus resultados son escasos”, asegura Clarisa Velocci, su portavoz. “Es verdad que han ayudado a algunas mujeres que quieren dejar la prostitución, pero ofrecer la conmutación a las chicas que han sido multadas y están en situación de trata es absurdo”, puntualizó.

Velocci también criticó que se haya multado a más trabajadoras sexuales que a clientes. “Muy en coherencia con lo que promulgan”, ironizó. “Lo que hay es una continuidad en la política de persecución de las chicas”, agregó. Un postulado similar defiende la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. “Esta ordenanza no soluciona nada, no se tenía que aplicar, la sanción no es la manera de actuar porque la conflictividad ha aumentado”, dijo Vilà a Efe.