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Lo que el Parlament no investigará

El adelanto electoral también frenaría la ley de consultas que impulsa CiU

Los partidos de la oposición, partidarios de volver a formarlas en la nueva legislatura

Concentración en contra de las presuntas irregularidades de Crespo
Concentración en contra de las presuntas irregularidades de Crespo

Los escándalos en la sanidad pública y la desaparición del sistema catalán de cajas de ahorro, dos de los asuntos más controvertidos de la presente legislatura, pueden quedar sin la comisión de investigación prevista en el Parlament si el presidente de la Generalitat, Artur Mas, decide adelantar las elecciones y disolver la Cámara catalana. La fecha posible para el entierro de ambas comisiones puede ser el próximo martes, inicio del debate de política general en el que Mas puede anunciar el fin de una legislatura que, con solo dos años transcurridos, sería la más corta de la historia de la Generalitat.

La acumulación de escándalos en la sanidad pública catalana llevó al PSC a solicitar una comisión que recibió el apoyo de todos los partidos a excepción de CiU, que se abstuvo. Esta comisión debía indagar en los cinco casos más polémicos destapados en los últimos meses. Uno de ellos es el caso Manté, el pago injustificado —según el Ayuntamiento de Reus— de más de 700.000 euros al exdirector del Servicio Catalán de la Salud Carles Manté desde la empresa municipal de ese municipio, Innova, con importantes intereses en el sector sanitario. Innova, a su vez, estaba dirigida por el dimitido presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) Josep Prat. La acumulación de cargos de Prat —que compaginó la dirección de Innova, la presidencia del ICS y la vicepresidencia del grupo hospitalario privado UPS— y su gestión en Innova es otro de los asuntos que investigar.

Otro punto importante de la comisión es el que afecta al hospital de Sant Pau, una sucesión de pagos irregulares, favores políticos y adjudicaciones sin concurso en la construcción del nuevo edificio del centro. Este caso está siendo investigado por el juzgado de instrucción 22 de Barcelona, que mantiene imputados a dos exresponsables del centro sanitario.

Los casos Bagó —las decenas de millones de euros en contratos públicos logrados por Ramon Bagó, dueño del grupo Serhs a la par que alto directivo del organismo público Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC)— y Crespo —los cobros irregulares y las grandes pérdidas causadas a los hospitales públicos de Blanes y Calella por la gestión del exalcalde de Lloret, Xavier Crespo (CiU)— cierran el abanico de escándalos sanitarios por investigar.

El PSC ha mostrado su voluntad de impulsar otra vez la comisión de investigación tras los comicios. Su portavoz, Jaume Collboni, critica que CiU adopte ahora “un discurso soberanista, para tapar muchos de sus fracasos y errores dentro de los cuales está el tema de sanidad”, denuncia Collboni.

Josep Vendrell (ICV) considera que “las razones que motivaron la comisión no han desaparecido” y que, si se cancela, los ecosocialistas volverían a pedirla tras las elecciones, ya que “esos casos de corrupción e irregularidades tienen que ser investigados”. La republicana Carme Capdevila, por su parte, piensa “seguir apoyando claramente” una investigación que considera “muy importante” en la nueva legislatura.

El próximo martes, antes del debate de política general, la comisión de investigación sobre la sanidad se reunirá en el Parlament para fijar el plan de trabajo. Para la diputada del PP Eva García, los eventuales comicios serían poco más que un paréntesis, ya que la comisión debe llevarse a cabo esta o la próxima legislatura. “En la sanidad hay mucho por investigar”, concluye.

La comisión que indaga las cajas de ahorro se aprobó el pasado 2 de julio, al mismo tiempo que la de la sanidad. Su objetivo es aclarar cómo, en apenas tres años, se desmoronó un sistema que contaba con un amplio mosaico de entidades con un gran crédito territorial y social. Solo La Caixa ha sobrevivido al tsunami financiero sin ayudas públicas ni nacionalizaciones.

La comisión levantó polémica entre los grupos parlamentarios ya que la alianza de CiU y del PP, cuyos votos suman mayoría absoluta, limitó las investigaciones a las cajas que recibieron ayudas públicas, excluyendo de las pesquisas la venta de participaciones preferentes que ha perjudicado a decenas de miles de ahorradores. El PSC también votó por dejar fuera de la comisión a las preferentes, que, según su opinión, debían ser investigadas en otra instancia. ICV, ERC, C’s y SI, los impulsores de la comisión, reivindicaron por su parte la necesidad de abordar a fondo la venta de estos productos financieros llevada a cabo por las entidades.

Si la comisión renaciera en la próxima legislatura, dependerá de la correlación de fuerzas entre los distintos partidos que las preferentes sean incluidas o queden otra vez fuera de la investigación. El PSC asegura que la exigencia de transparencia sobre la gestión de las cajas catalanas y sobre las participaciones preferentes no ha caducado. “No sé que pasará ni con qué mayoría saldrá, pero, hoy por hoy, no es porque se cambia de legislatura que se acaben los motivos”, añadió Collboni.

Por su lado, el portavoz adjunto del PP catalán, Santi Rodríguez recalcó su posición de investigar las cajas “sometidas a la normativa de la Generalitat que han necesitado ayudas públicas”. En su opinión, “el matiz es importante, porque la competencia solo puede verse sobre materias que son competencia de la Generalitat”. En este sentido, el popular insistió en que su partido volvería a pedir “en las mismas condiciones” esta investigación.

Las dos comisiones de investigación no serían las únicas víctimas colaterales del adelanto electoral. El trámite de dos importantes leyes también se verá afectado y deberá ser retomado en la próxima legislatura. El primer proyecto de ley es el impulsado por la vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Gobernación, Joana Ortega, para contrarrestar la reforma de la Administración local que el Gobierno central inició en julio de 2012. Esta ley de bases de régimen local prevé limitar las competencias de los Ayuntamientos y potenciar las Diputaciones. La intención del Gobierno de Rajoy es intervenir en las finanzas municipales y se anunció, entre otras medidas, una reducción del 30% del número de concejales, lo que enervó a los municipios. Ortega tachó la iniciativa de recentralizadora y propuso la elaboración de un proyecto de ley para impedir o minimizar los cambios de la ley. El texto catalán, basado en un documento de expertos, se atrasó y aún no había llegado al Parlament.

La ley de consultas populares que permitiría al Gobierno catalán consultar a la ciudadanía empadronada, sin seguir el procedimiento electoral y sin la autorización del Gobierno central, está también aún en proceso. Sin el informe del Consejo de Garantías Estatutarias no se podrá presentar y quedaría, así, invalidada por la disolución del Parlamento.