Los presos de Alhaurín usan móviles porque no funciona el inhibidor

El reglamento penitenciario prohibe el uso de teléfonos móviles a los presos, pero en el penal de Alhaurín de la Torre (Málaga) tienen poco menos que carta blanca desde hace aproximadamente un año. Según han denunciado los trabajadores de la cárcel, los inhibidores de frecuencia no funcionan adecuadamente y presentan anomalías que atribuyen a los recortes presupuestarios. Según un portavoz sindical, cuando se instaló el sistema de inhibición no se firmó un contrato de mantenimiento y ahora no hay disponibilidad económica para repararlo.

El responsable de la sección sindical de CC OO de prisiones, Juan Carlos Blanco, alertó ayer de que se trata de un grave problema de seguridad. “Existen móviles prohibidos en posesión de los internos que son utilizados muchas veces por narcotraficantes o jefes de determinados clanes mafiosos para dirigir sus negocios desde la cárcel y eso evidentemente es peligroso y afecta no sólo a la seguridad de la cárcel, sino a la seguridad nacional”, afirmó.

Según fuentes de la prisión, hay días en los que se han llegado a detectar e intervenir por los funcionarios hasta una treintena de teléfonos. Un portavoz de la dirección general de Instituciones Penitenciarias negó ayer la existencia de ninguna anomalía y aseguró que el sistema de inhibidores funciona correctamente, aunque la denuncia ha sido ratificada por varias organizaciones de trabajadores que han pedido explicaciones a Instituciones Penitenciarias y la han emplazado a resolver de inmediato las deficiencias.

“Los problemas económicos no sirven como argumento para esto porque es un tema muy serio de seguridad, y si se instalan estos inhibidores es porque son necesarios”, insiste CC OO.

Las denuncias de los sindicatos se unen a la larga lista de quejas sobre las condiciones de seguridad de la masificadísima prisión de Alhaurín de la Torre, que prácticamente desde su apertura hace 20 años acoge un número excesivo de presos que llega a superar el doble de su capacidad teórica.

Los ajustes presupuestarios han ralentizado la puesta en funcionamiento de la segunda prisión de la provincia de Málaga, en Archidona, cuyas obras se encuentran prácticamente completadas, aunque se ha demorado los plazos de entrega y de su consiguiente apertura.