El fiscal superior alerta de la falta de control en la gestión de fondos públicos

Las ocho fiscalías provinciales de Andalucía abrieron en 2011 casi un millón de diligencias previas (947.237), 47.431 más que el año anterior. El incremento no debe traducirse como un aumento de la criminalidad sino más bien como “un estancamiento de la carga de trabajo global que soporta el sistema de justicia penal” andaluz, según recoge la memoria anual que este martes entregó el fiscal superior, Jesús García Calderón, al presidente del Parlamento, Manuel Gracia.

La violencia de género, “que ha repuntado lamentablemente en algunos territorios durante el ejercicio anterior”; la “agresión a distintos y heterogéneos valores medioambientales”; o el tráfico de drogas “en algunos puntos de la costa”, aparecen señalados en la memoria como algunos de los tipos de delito que inciden “de forma más negativa” en la vida social y económica de la comunidad. Pero el texto llama la atención también sobre algunas formas “especialmente graves” de delitos contra la propiedad protagonizados por grupos organizados, así como en los casos “de muy grave corrupción aparecidos en la Administración Pública autonómica”.

Estos son algunos de los asuntos que aborda la memoria de la fiscalía:

El fiscal afirma que el tráfico de personas en el estrecho es ya un fenómeno "endémico"

» Falta de control de fondos públicos. La investigación por los ERE fraudulentos de la Junta se inició en enero de 2011, por lo que no es casualidad que el fiscal superior aluda en su memoria de este año a la “corrupción vinculada con la gestión de fondos” del Gobierno autonómico. García Calderón advierte que tanto por su importancia cuantitativa como por la dificultad y trascendencia de la investigación, este tipo de corrupción ha supuesto “un salto cualitativo de envergadura” para su departamento.

“No se trata de una afirmación irresponsable, oportunista o prendida de cierta ligereza”, sostiene el fiscal, que recuerda que en ocasiones anteriores ya ha mostrado su preocupación públicamente por la falta de controles administrativos de intervención “en la disposición de elevadísimas sumas de dinero destinadas a fortalecer el tejido empresarial, paliar los efectos negativos del desempleo, combatir la desigualdad social de personas discapacitadas o la precariedad laboral que producen las fórmulas provisionales de contratación”.

En su comparecencia ayer ante los medios de comunicación en el Parlamento, García Calderón incidió en esta necesidad de mejorar la gestión del dinero público. “Hay un déficit importante en el control administrativo previo y en la existencia de órganos de fiscalización y de control externo, que deben de existir, no han existido y han llevado a este fenómeno, pero confiamos en que en el futuro se puedan corregir”, señaló el fiscal.

La memoria da cuenta también de que en algunas ocasiones ha sido preciso informar a la Oficina de Lucha Anti Fraude (OLAF) de la Unión Europea al tratarse de sumas procedentes del llamado Fondo Social Europeo. “Nuestro esfuerzo debe ser generoso y debe estar revestido de una especial seriedad y rigor”, afirma el fiscal. “La Fiscalía debe extremar, además, su coordinación con la Policía Judicial y con los órganos administrativos de fiscalización y control para que estas investigaciones puedan desarrollarse con toda normalidad y en plazos de tiempo razonables”.

»Tráfico de inmigrantes. La memoria advierte de que el tráfico de seres humanos en el Estrecho ha seguido mostrando su perfil “más duro y siniestro” con la llegada masiva de ciudadanos extranjeros en situaciones de grave riesgo. “Tiene lugar, como ya ocurriera en 2005, la organización de expediciones de menores a las costas de Andalucía en condiciones singularmente penosas”, señala el fiscal, que en su comparecencia en el Parlamento se refirió a este tipo de criminalidad como “un fenómeno casi endémico”.

García Calderón confía en que esta circunstancia cambie con la puesta en marcha de nuevos centros de cooperación policial en Tánger y Algeciras, que pueden suponer un salto cualitativo para que desaparezca la “sensación de impunidad” que tienen en origen estos delitos. “Solo la cooperación policial transfronteriza permitirá una lucha eficaz contra este fenómeno delictivo”, recoge la memoria.

»Delitos urbanísticos. Si bien este tipo de infracciones siguen existiendo, sobre todo en la Administración local, el anuario de la Fiscalía Superior apunta que es uno de los tipos de criminalidad que más han descendido en él último año. García Calderón atribuye parte de este descenso a la presión policial, judicial y a la labor de los fiscales especializados, aunque admite también que esta disminución está muy vinculada a la crisis económica, el hundimiento del mercado inmobiliario y la aparición de nuevas fórmulas de control supramunicipal.

»Carga de trabajo. El fiscal superior vuelve a reclamar en su memoria un incremento de medios técnicos y humanos. “Una Fiscalía que extiende su competencia orgánica a ocho provincias necesariamente debe disponer de una infraestructura administrativa que pueda dar una cobertura mínima a distintas funciones de coordinación y dirección que, al día de hoy, no pueden desarrollarse con normalidad”, lamenta el fiscal, que apuesta por despenalizar las faltas como una forma de rebajar la carga de trabajo de las fiscalías. En Andalucía se celebran alrededor de 600 juicios de faltas diarios, lo que acaba derivando en “un problema” para ejecutar las sentencias.